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La legalidad, una decisión rentable

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USAIDColombia ha exportado un promedio de 60 toneladas de oro en los últimos años. De esta cifra, solo 12.5 toneladas (20%) han sido producidos bajo el amparo de un título. Sobre el 80% sobrante, no se paga regalías, IVA o impuesto sobre la renta y, en general, las minas no cumplen con los requisitos ambientales, empresariales ni de seguridad y salud en el trabajo.

La ilegalidad en las regiones mineras obedece a diversas circunstancias, entre ellas, la cultura del menudeo, el día a día y la obtención del dinero rápido. Además, muchos mineros consideran la formalización un ejercicio costoso que no puede competir con la actividad ilegal.

En este contexto, un estudio realizado por el programa Oro Legal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en municipios mineros de

Antioquia y Chocó parece oportuno. El análisis arrojó que un minero ilegal, contrario a lo que muchos piensan, además de sufrir los problemas judiciales y de salud que le ocasiona su condición de ilegalidad, pierde entre $18.000.000 y $33.000.000 por kilo de oro al mes.

El estudio tomó como referencia básica, una explotación de oro subterránea, semi mecanizada, con 7 empleados que laboran 25 días al mes, con un promedio de extracción de 10 toneladas de material mineralizado por día y un tenor de cuatro gramos de oro por tonelada, que se traducen un kilogramo al mes. En otras palabras, un escenario frecuente en Colombia.

El análisis toma en cuenta diferentes variables, entre ellas: el precio internacional del oro, la alta ineficiencia del procesamiento tradicional, el porcentaje de compra de las comercializadoras, los precios que transan los compradores ilegales en diferentes regiones mineras y los sobrecostos de los explosivos en el mercado negro. Sorprendentemente, este último, por sí mismo, puede cubrir casi todos los gastos recurrentes de la formalización.

Hallazgos

Una comercializadora internacional paga al minero legal el 97,5 por ciento del precio fijado por la bolsa de Londres (precio internacional de referencia), mientras que el minero que no cuenta con una certificación de origen, recibe de sus compradores el 82 por ciento de su valor, lo que quiere decir que en este proceso pierde el 15 por ciento del valor total de su producto, cotización que tiende a bajar al 70 por ciento por las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional a la comercialización ilícita.

Según Beatriz Duque Montoya, líder de legalización del programa Oro Legal de USAID, “si partimos que un pequeño minero legal de veta produce un promedio 1 kilogramo de oro al mes y el precio internacional se cotiza en $120.000 el gramo, este recibe del mercado internacional $117.000.000 (97,5 por ciento).

El minero ilegal por su parte, en una proyección optimista, recibe por 1 kilo de oro $98.400.000 (82 por ciento). En un escenario realista, por este mismo kilo solo obtiene $84.000.000 (70 por ciento). Lo que quiere decir que solo en el proceso de comercialización, en un mes, pierde entre $18.000.000 y $33.000.000 por su situación de ilegalidad”.

Pérdidas en el procesamiento

Además de las cifras que deja de percibir un minero ilegal en la comercialización, también pierde un porcentaje alto de oro por utilizar mercurio en sus procesos. Está comprobado que, por el uso de este metal, se generan pérdidas entre el 40 y 50 por ciento del oro. Esto se evidencia cuando los propietarios de los entables, una vez procesan el material del ilegal, benefician los lodos que quedan de los cocos y allí obtienen su mayor ganancia. Esta situación es diferente cuando se procesa en plantas de beneficio libre de mercurio, donde las pérdidas oscilan entre 8 y 15 por ciento.

Sobre costos en los explosivos

El precio en el mercado legal de una caja de Indugel Plus o “mano de explosivos” como se conoce en las regiones mineras, compuesta por 154 barras, 100 estopines y 200 metros de mecha de seguridad, tiene un valor aproximado de $700.000, mientras que en el mercado negro su valor oscila entre $2.500.000 y $5.000.000. “Con el dinero que un minero se ahorre en la compra de explosivos de forma legal, puede pagar la seguridad social de sus trabajadores, y avanzar con el mejoramiento de su mina en temas ambientales y de seguridad minera”, concluyó Beatriz Duque Montoya, líder de legalización del programa Oro Legal de USAID.

Incentivos de la cooperación internacional

Existen otros incentivos con los cuales el pequeño minero se ahorraría tiempo y dinero por el simple hecho de optar por el camino de la legalidad. Uno de ellos es vincularse a los procesos de legalización que brinda la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID) a través del programa Oro Legal, que apoya a las unidades de producción minera viables de ser legalizadas, con la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Programa de Trabajo y Obras (PTO), además ofrece acompañamiento técnico en la ruta de la legalización con las autoridades competentes.

Por otro lado, un minero legal puede adelantar contactos comerciales con las refinadoras de oro más importantes de Europa y obtener incentivos hasta de $3.000.000 por kilo de oro exportado, y si se certifica internacionalmente a través de sistemas como Fairtrade, Fairmined o Responsible Jewelry Council, este podría ascender a $12.000.000.

Este apoyo lo brinda Better Gold Initiative (BGI) proyecto público privado que llegó hace seis meses a Colombia y cuenta con aliados de quilates como la Asociación Suiza de Oro Responsable y la secretaría de estado para asuntos económicos del gobierno de Suiza (SECO). Adicionalmente, BGI le brinda al minero la posibilidad de obtener fondos que pueden utilizar para infraestructura social, asistencia técnica y tecnología para sustituir el uso de mercurio.

Por: Paisminero.co / CP – USAID

 

 

 

 

 

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