log in
  • Mineria Ilegal 1La intervención que la Administración Departamental ha emprendido para desmantelar lo que han denominado minería ilegal muestra dos caras: una, la erradicación de la problemática social generada por esa actividad, y otra, por reclamos de mineros que denuncian la muerte de cuatro trabajadores en Buriticá.
     
    En tanto el Gobierno de Antioquia insiste en el éxito de los operativos realizados, desde la fase inicial en el año 2013 hasta un proceso de consolidación de esa intervención ejecutado durante 2016, el proceso penal por presunta responsabilidad de las autoridades en el fallecimiento de cuatro mineros y heridas a 90 personas más en la mina El Platanal, en abril de 2014, continúa aunque no con los resultados esperados por los familiares de las víctimas.
    Según Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, durante toda la intervención en Buriticá se han presentado 10 muertes (ver gráfico). Admitió que las personas que fallecieron en El Platanal, están en proceso de reclamación y fueron categorizadas como víctimas.
     
    “Las pruebas están allí y hoy la Gobernación es parte en los procesos de reparación. Estas personas (familiares) están demandando con base en decisiones de la Fiscalía”, dijo.
     
    Para el diputado a la Asamblea, Jorge Gómez, los mineros murieron como consecuencia de asfixia causada por un incremento de gases tóxicos. Presentó un informe en el que, aseguró, la comisión que investigó el caso reveló que “lo más probable es que los gases procedieron de una voladura realizada con sustancias explosivas no determinadas”.
     
    Gómez dijo que “hubo una irrupción súbita de gases y humos, los cuales contribuyeron a que la atmósfera minera se registraran concentraciones superiores a 1500 ppm de Monóxido de Carbono (CO) y 36 ppm de ácido sulfhídrico”.
    Recalcó que hubo permisividad de las autoridades que vigilaban el proceso y cuestionó que se buscaba la clausura del socavón, como una solicitud de la multinacional Continental Gold.
     
    En ese mismo sentido, Alex Alberto Morales, miembro de la Corporación Jesús María Valle, que acompaña el proceso, enfatizó que “hubo irresponsabilidad en la acción de explosión con la intención de cerrar una mina”, en lo cual se utilizaron 32 bultos de Anfo.
     
    “Con un solo bulto hubiera sido suficiente. Eso muestra que hubo intención de dañar a las personas”, dijo.
     
    Niegan responsabilidad
     
    Sobre las acusaciones, voceros de la compañía Continental Gold, negaron su responsabilidad en el accidente de la mina El Platanal y dijeron que no puede concluirse que el informe de la Agencia Nacional de Minería -ANM- sugiera que fueron causantes del hecho.
     
    “De acuerdo con el informe de la ANM, los investigadores no encontraron una conexión entre los túneles de las minas El Amanecer (la cual tenía orden de cierre por parte de las autoridades) y la mina ilegal El Platanal, por lo cual no es posible que los gases producidos por las actividades de cierre técnico de la mina El Amanecer, pudieran atravesar y ser causantes de las muertes”, consideró la empresa.
     
    Rubén Darío Gómez, secretario de Conalminercol, reveló que la orden de la explosión que mató a los trabajadores fue entregada por el puesto de mando unificado, compuesto por la Procuraduría, Fuerza Pública, Dapard y otras autoridades.
    Sin embargo, las directivas de Continental insistieron en responsabilizar a quienes operaban la mina El Platanal por las deficientes condiciones técnicas y de seguridad industrial que propiciaron el accidente.
     
    “Los sistemas de ventilación ubicados en las minas Platanal y Cafeto Gold no son diseñadas técnicamente, tal como lo dispone el Decreto 1335 de 1997, por lo cual, ante un evento inesperado de generación de gases no se contaba con el suficiente caudal que permitiera diluirlos y evacuar los gases en forma rápida y eficiente”, explicó.
    Continental aseguró que el informe concluye que la causa del accidente fueron los gases generados por sustancias explosivas no determinadas y “la minería ilegal hace uso de sustancias explosivas artesanales de difícil control y manejo”.
     
    Por su parte, Enrique Olano, secretario de Minas de Antioquia, aseveró que lo que pasó en la mina fue lamentable y “ha dado la pauta para que con la Agencia Minera se realicen acciones productivas para que no se vuelva a presentar”.
    Intervención avanza en 80%
     
    La Secretaría de Gobierno, reportó que en su intervención a la minería ilegal han salido voluntariamente 3.040 mineros ilegales, decomisaron 95.820 millones de pesos, resultado de esta minería.
    “En Buriticá hay 111 bocaminas, 65 intervenidas, 44 con cierres técnicos, 11 en proceso y 54 beneficiaderos cerrados”, aclaró Ramírez.
     
    A Rubén Gómez, esa política de intervención ha demostrado abuso de poder en la región y es caldo de cultivo para una problemática social.
     
    “Nos preocupa la determinación de la Gobernación de replicar el operativo de Buriticá en todos los territorios mineros de Antioquia”, acotó.
     
    Gómez insistió en cuatro puntos de acuerdos, entre los que está la formalización. Dijo que persisten incumplimientos del gobernador Luis Pérez y la Nación, sobre compromisos pactados, desde años atrás, con los mineros, por los que se mantiene la advertencia de protestas y paros. Apuntó que desde 2011 se acordó iniciar el proceso de identificación de minas informales para trabajar el reconocimiento de quienes laboran con maquinaria pesada. Agregó que el Gobierno se comprometió a sacar esa norma a través de una ley especial con carácter de urgencia. “Por el contrario se emitió una directriz sobre destrucción de maquinaria”, dijo.
     
    De acuerdo con Ramírez, el cumplimiento de los acuerdos se muestra con la instalación de la Mesa Minera en Buriticá, con la cual se busca la formalización de pequeños mineros. Añadió que se oferta empleo a estos mineros por intermedio de la Secretaría de Competitividad y Productividad, como con Comfenalco y el Sena, a fin de amortiguar el impacto causado con la intervención.
     
    Fuente: elcolombiano.com / Víctor Andrés Álvarez Correa
     
  • Philip HopwoodEl líder global de la industria minera en Deloitte, Philip Hopwood, explicó su análisis sobre el entorno de negocios del país para el sector extractivo. Aplaude los mensajes que ha dado el Gobierno a favor de la actividad, pero, le preocupa la demora en pasar del discurso a la acción.
     
    La promesa del Gobierno Santos de impulsar el sector minero para convertirlo en una locomotora de desarrollo fue bien recibida por la inversión extranjera.
     
    Sin embargo, hacer ese anuncio una realidad se ha demorado y, después de un superciclo de precios altos de los minerales, el anunciado ‘boom’ minero no se ha dado. En este contexto, ¿cuál es la percepción de los inversionistas extranjeros con respecto a Colombia?
     
    El líder global de la industria minera en Deloitte, Philip Hopwood, quien lideró la elaboración del informe de tendencias mineras 2015 para esta firma, habló con Portafolio sobre cómo está Colombia frente a los países con los que compite para atraer la inversión.
     
    En su presentación hizo una clasificación de países que son atractivos y otros que no, ¿en qué cuadro estaría Colombia?
     
    Bueno, Colombia es un país caro. La participación estatal en las ganancias mineras, vemos que tiene una tasa alta (...) para ser honestos esto sí puede alejar las inversiones. Dicho esto, también es cierto que no es el mayor factor para los inversionistas: lo que más necesitan son certidumbres, estabilidad.
     
    En cuanto a medidas gubernamentales, ¿Colombia está haciendo la tarea o no?
     
    Colombia tiene una autoridad para el sector (la Agencia Nacional de Minería), que es algo positivo.
     
    También es bueno cuando ves al Gobierno diciendo que se necesita simplificar la institucionalidad, mejorar la capacidad de las empresas para desarrollarse. Pero luego tienes que hacerlo, eso es complejo.
     
    Cuando habló de mensajes cruzados de Colombia, ¿a qué se refería?
     
    Un ejemplo de esto es que cuando el presidente (Juan Manuel) Santos fue elegido dijo que la minería sería una de las plataformas de su Gobierno, cinco años después, ¿esto ha pasado?: no. Así que ese es un mensaje cruzado, porque dices esto, pero luego tienes que hacer algo al respecto. Por ejemplo, en Perú el presidente (Ollanta) Humala dijo: tenemos que atraer inversionistas para el sector minero, tener un diálogo apropiado y lo hicieron. Algunas veces lo que se necesita es comunicarse mejor.
     
    Pero también actuar...
     
    Sí. Pero yo entiendo la perspectiva del Gobierno: Tienen muchos asuntos que atender, muchas prioridades y la minería puede que no sea un sector tan grande como el petróleo y el gas, por ejemplo.
     
    ¿Qué tanto riesgo tienen las empresas júnior y cómo se puede manejar para evitar una caída en la exploración?
     
    Desde una perspectiva colombiana la gran pregunta es qué tan abierto al sector de las empresas mineras júnior está el país. Y ahí el primer asunto que tiene que resolver Colombia es el diagnóstico de su potencial en todo el territorio, porque si identificas el potencial geológico y lo comunicas, eso invita a la exploración.
     
    Porque si no, cómo puedes invertir en cobre, por ejemplo, si no sabes dónde podría haber, luego tienes que definir un entorno en el que sea fácil desarrollar un proceso de permisos, contar con un régimen legislativo que le permita a las empresas tener la certeza de que si vas a explorar en cierta área por dos o tres años no te lo vayan a arrebatar en cuanto hagas un descubrimiento.
     
    ¿La idea de hacer subastas competitivas podría cambiar esta tarea que hoy hacen las empresas exploratorias?
     
    Posiblemente, hay siempre diferentes maneras y aprendizajes de cómo las empresas han hecho los procesos. Lo que no queremos es que las empresas oferten en una subasta por un área de exploración, ganen la licencia y que luego no hagan nada con ella, lo hemos visto ya en otros países.
     
    ¿Qué podría pasar si no se toman nuevas decisiones al respecto en este entorno de bajos precios?
     
    Si no sucede nada, pues entonces no pasará nada. El mundo es un entorno competitivo para la inversión, Colombia compite por inversión extranjera en minería con muchos países. Solamente en Suramérica, están Perú, Ecuador, Brasil, Chile; globalmente está compitiendo contra Canadá, Australia, los Estados Unidos, África.
     
    Entonces por qué las empresas deberían invertir en Colombia, eso es lo que le tienen que decir a los inversionistas. Porque, por ejemplo, carbón térmico puedes conseguir casi en cualquier lado, oro, también. Los temas claves que debe trabajar el país son infraestructura y el régimen regulatorio.
     
    Es decir que el potencial geológico no lo es todo...
     
    Es cierto, salvo que encuentres un gran depósito de cobre, porque todo el mundo necesita cobre. Si lo encuentras podría emocionar a algunos inversionistas.
     
    Ahora, también se necesita mayor información geológica, en Colombia solo se ha hecho este trabajo en el 55 por ciento del territorio, falta el resto.
     
    Fuente: Portafolio.co
  • Mineria Ilegal CianuroEl consultor del Comité Andino de Minería Ilegal de la Comunidad Andina de Naciones asegura que las Farc fuera de la guerra serán un peso menos para combatir la minería ilegal.
     
    Juan Antonio Fernández Jerí, consultor del Comité Andino de Minería Ilegal de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), llegó a Colombia para participar en el primer congreso mundial de la Policía rural. Este peruano, quien hasta hace poco fungía como alto comisionado para asuntos de formalización minera en su país, plantea un panorama optimista en la lucha contra la minería ilegal, tanto en Colombia, como en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. El consultor suramericano habló con El Espectador y adujo este buen panorama a raíz del trabajo en conjunto de las naciones en los últimos dos años.
     
    ¿Qué hace el Comité Andino de Minería Ilegal?
     
    La CAN le puso los ojos a esta problemática desde 2012 con la agenda ambiental que construyó ese año. En 2013 no estuvo activa por reestructuración, pero, con el nuevo secretario general de la CAN, Walker San Miguel Rodríguez, en 2014 se creó el Comité para empezar a crear sinergias, conocimiento, fortalecimiento de las capacidades de los estados miembros en la lucha contra la minería ilegal. Esta problemática, la cual afrontan las zonas rurales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, compromete la biodiversidad envidiable que estos países poseen. Por ejemplo, Colombia posee el 10 % de la biodiversidad mundial y tener una actividad latente de minería ilegal le hace daño al país y al mundo.
     
    ¿Qué soluciones ha planteado el Comité para combatir la minería ilegal?
     
    Esta actividad tiene que hacerse bajo vigilancia del Estado y en territorios en los que se esté previamente autorizado. El lío aquí es que la minería ilegal se desarrolla en lugares alejados de las ciudades, a donde el Estado no llega y la población es muy pobre. En estas zonas existen comunidades indígenas y consejos comunitarios que necesitan ser protegidos, la minería ilegal contamina las fuentes hídricas. Reputadas universidades estadounidenses han reportado casos en que la salud de los habitantes se ve afectada por las aguas contaminadas. La minería tiene que seguir existiendo, pero de manera sostenible y con tecnologías limpias.
     
    Puntualmente, ¿qué actividades hacen los cuatro países (Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador) para combatir la minería ilegal?
     
    Hay reuniones binacionales entre las policías de los países para compartir las experiencias de cada país en la lucha contra este tipo de minería. Se intercambia información sobre todo en territorios fronterizos donde la minería se desarrolla, para que del mismo modo se desarrollen operativos conjuntos. Se comparten las experiencias de formalización de la minería para tener referentes y aplicarlos en cada país. Colombia, por ejemplo, reorganiza a las personas que trabajaban en minería ilegal para que se dediquen a producir en otros sectores, como el agrícola o el ganadero.
     
    ¿Cada cuánto ocurren estas reuniones entre los países?
     
    Estas reuniones, en las cuales hay representantes de la Fuerza Pública y de las cancillerías, se dan bimensualmente vía teleconferencia. Cabe aclarar que esto no dificulta las reuniones, por el contrario: facilita que más personas participen y sin necesidad de trasladarse. Actualmente y de manera conjunta se está construyendo el plan operativo contra la minería ilegal para el próximo año.
     
    En los últimos años hemos visto que los grupos armados en Colombia han priorizado la minería ilegal para financiarse, por encima del narcotráfico...
     
    Hasta el año pasado, los representantes de la Policía colombiana reportaron que el 70% del financiamiento de las Farc provenía de la minería ilegal. La buena noticia es que hemos pasado a una nueva etapa de la historia de Colombia en la que las Farc, la guerrilla más grande del país, no van a ser promotoras de la minería ilegal, facilitando la lucha contra este delito.
     
    Pero existe el peligro de que otros actores armados lleguen a ocupar esas zonas vacías.
     
    La minería ilegal se solucionará cuando el Estado haga presencia en estas zonas.
     
    ¿Qué actividades y/o delitos conexos trae la minería ilegal?
     
    La más grave que existe dentro de la minería ilegal es la esclavitud del siglo XXI: trata de personas, esclavitud sexual y laboral. Hay cientos de menores de edad y mujeres que son víctimas de estas aberraciones. Los países de la CAN, bajo el paraguas de los Protocolos de Palermo —que previenen, reprimen y sancionan la trata de personas—, realizan operativos en los campamentos rurales de minería ilegal.
     
    ¿Cómo ve el papel de la Policía rural en el posconflicto para luchar contra la minería ilegal?
     
    Cumple un rol fundamental porque son y serán los que acompañen a las comunidades que viven más alejada de las grandes urbes. Pero es importante que esa policía rural esté rodeada de las otras instituciones del Estado, sino, la labor de la policía rural se verá menguada.
     
    ¿Qué conclusiones ha sacado del Comité de Minería Ilegal y de este primer congreso internacional de minería ilegal?
     
    Este intercambio de experiencias permite nutrirse de conocimientos que logran abrir la mente y la baraja de soluciones para combatir la minería ilegal. Cuando uno conoce las realidades de los vecinos y que al mismo tiempo han superado grandes problemas, vemos que nuestros retos y desafíos tienen alguna solución. Es fundamental que los estados sean persistentes en la lucha para combatir estos problemas.
     
     
    Fuente: Elespectador.com 
  • Minerales En Mano1Agregó que el fortalecimiento y desarrollo de la actividad minera, beneficia a las economías locales dado que contribuye con su aporte a mejorar los niveles de calidad de vida de la población.

    “Dentro de la AP nos encontramos importantes países productores de metales del mundo y unidos nos permitirá optimizar la capacidad de negociación en los mercados internacionales", dijo Alberto Salas lider de los empresarios de Chile.

    La Alianza del Pacífico (AP) abre una oportunidad de oro para que Chile, Perú, México y Colombia unidos se puedan convertir en un bloque minero mundial que beneficiará a sus habitantes, aseveró Alberto Salas, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile.

    “Dentro de la AP nos encontramos importantes países productores de metales del mundo y unidos nos permitirá optimizar la capacidad de negociación en los mercados internacionales, mejoras tecnológicas o el intercambio de trabajadores. Separados nos costaría mucho hacerlo, pero unidos podemos lograrlo”, refirió Salas, quien participa en el 12° Simposium Internacional del Oro y la Plata organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en la ciudad de Lima.

    Agregó que el fortalecimiento y desarrollo de la actividad minera, beneficia a las economías locales dado que contribuye con su aporte a mejorar los niveles de calidad de vida de la población.

    Al 2015 la población que vive en la Alianza del Pacífico suma más de 216 millones de personas y tiene un Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de US$9.910.

    “El hecho de abrir la frontera es beneficioso. Hoy ya lo vivimos, tenemos cientos de peruanos viviendo en Chile y su migración ha constituido un aporte para mi país. Por lo tanto, y basado en dicha experiencia, puedo señalar que la oportunidad de libre tránsito de la Alianza del Pacífico nos permitirá ser países más competitivos”, declaró Salas al culminar su intervención en la mesa redonda Perspectivas de la Economía Mundial.

    Explicó que la Alianza reconocerá, por ejemplo, un certificado de capacitación para los trabajadores expedido en el Perú, en México, Chile o Colombia. “Esto nos permitirá tener personal mejor capacitado en menor tiempo”, subrayó.

    La Alianza del Pacífico incluye un Acuerdo Comercial que facilita el comercio entre los cuatro países a través de la reducción arancelaria, la disminución de obstáculos al comercio, la solución de controversias, la agilización de las operaciones de importación y exportación, y la facilitación del comercio de servicios, comentó Salas.

    Recordó que existen 42 países del mundo en calidad de observadores en la Alianza del Pacífico. El Producto Interno Bruto de los países de la AP reúne el 38% del Producto Bruto Interno total de América Latina y el Caribe, además en conjunto suman aproximadamente el 50% del comercio exterior de América Latina.

    Fuente: Americaeconomia.com

  • Minera Coal 2011Después de modificar el reglamento de seguridad para minería subterránea, Minminas prepara nuevo decreto.
     
    Cuando Colombia compara sus cifras de accidentalidad minera con países de Suramérica como Chile y Perú, se hace evidente que ejercer esta actividad en el país es más peligroso que en otras naciones del vecindario.
     
    Sin embargo, el Gobierno Nacional alista un plan para llevar a cero el número de accidentes mineros.
     
    Ya en septiembre el Ministerio de Minas y Energía hizo una modificación al reglamento de seguridad para minería subterránea, a través del Decreto 1886. Ahora, la cartera está analizando una nueva modificación a la normativa, esta vez, para minería a cielo abierto.
     
    “La seguridad minera a cielo abierto está regida por el Decreto 2222 de 1993, el cual se encuentra en proceso de revisión y actualización. El proyecto de Reglamento para este tipo de minería ya surtió las etapas de actualización, discusión pública y revisión jurídica, en la actualidad se están adelantando los trámites que disponen las normas para expedir el Decreto respectivo”, señaló el Ministerio de Minas y Energía al responder un cuestionario enviado por este diario.
     
    El cambio de la normativa se inició con la minería subterránea porque este tipo de actividad es la que genera mayor número de accidentes en el año en Colombia.
     
    Las razones principales por las que los mineros pierden la vida en el país (en accidentes de trabajo) son derrumbes en labores subterráneas, atmósferas viciadas con gases tóxicos, explosiones de metano y polvo de carbón o por riesgos mecánicos.
     
    Este tipo de problemas le han costado la vida en la última década a más de mil trabajadores del sector (1.008 es la cifra oficial).
     
    Sin embargo, en el último año el país ha reducido sus índices de accidentalidad. Según los datos de la Agencia Nacional Minera (ANM) mientras el año pasado se registraron 87 accidentes, en este van solo 67, cifra que de mantenerse a final de año implicaría una reducción de 22 por ciento este año.
     
    El Ministerio destacó que en esta misión de reducir accidentes ha contribuido el grupo de Salvamento Minero, que adelanta un trabajo de capacitación para prevenir incidentes y fallas en las minas colombianas.
     
    ¿QUÉ CAMBIÓ EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD?
     
    Este año se hicieron más estrictas las normas para las labores subterráneas de minería.
     
    Por ejemplo, se obligó al empleador a dedicar al menos un día al año, para entrenar a su equipo en temas de seguridad; se le otorga al empleador la responsabilidad de garantizar la seguridad; se obliga el uso de autorescatadores, una especie de kit de emergencia, para todo el personal que ingrese a la mina; se hicieron más estrictas las normas en cuanto a los niveles de oxígeno en la mina; y se hacen más severas las normas para manejo de explosivos, así como los castigos en caso de accidentes.
     
    De no llegarse a cumplir alguna de estas medidas, el titular minero o el empleador podrían ser castigados con multas, suspensión de labores y, si persiste en sus fallas, podría suspenderse el título minero.
     
    Fuente: Portafolio.co / Nohora Celedón
  • Mineros CascosEl superciclo de precios de las materias primas impulsó nuevas inversiones para la industria extractiva en el país. Sin embargo, pocos proyectos se han concretado.

    La historia reciente de la actividad minera colombiana está marcada por altos y bajos, que quedan en evidencia al ver los gráficos que dan cuenta de la evolución del sector en materia de generación de riqueza (PIB), inversión extranjera directa y exportaciones.

    Sin embargo, basta con mirar las cifras de producción de minerales para darse cuenta de que, pese a los altibajos, el sector ha avanzado.

     Colombia es el quinto mayor exportador de carbón del mundo, ocupa el lugar número once en materia de producción y sus reservas en este recurso podrían durar por más de cien años.

    Tanto en carbón como en oro la producción se ha multiplicado por dos y en materia de ferroníquel el incremento ha sido más discreto.

    En la última década, Colombia logró capturar parte de la inversión de empresas mineras que inundó el mercado global gracias al llamado ‘superciclo’ de precios de los minerales.

    Desde el 2009 hasta el 2013 minerales como el carbón, el oro y el cobre tuvieron cotizaciones máximas históricas y los inversionistas aprovecharon la coyuntura para buscar nuevos recursos.

    A Colombia, por ejemplo, llegaron más de 60 compañías júnior, para invertir en proyectos de exploración en la última década, aunque de toda esa inversión solo una de esas iniciativas se ha podido concretar en una obra en construcción. La mina de oro San Ramón, de la empresa canadiense Red Eagle.

    El boom de la minería se empezó a notar desde el 2005, cuando la inversión extranjera directa para el sector minero fue de 565 millones de dólares. En el 2013 la cifra llegó a los 661 millones de dólares, es decir el 17 por ciento de toda el capital extranjero que llegó al país de nabera directa, ese año.

    En medio de este auge de precios el país también decidió darle un vuelco a sus instituciones mineras.

    Así, el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras, Ingeominas, que era la autoridad del sector, se divide en el Servicio Geológico Colombiano, encargado del conocimiento del subsuelo, y en la Agencia Nacional de Minería, que tiene la función de administrar la actividad del sector.

    Ambas instituciones han logrado que hoy Colombia conozca con qué recursos cuenta en materia minera, precisó, por ejemplo, el potencial en cobre.

    Pero también la actividad de fiscalización de la Agencia dejó en evidencia los altos niveles de informalidad de las explotaciones que persisten aún en minas que tienen títulos mineros legales.

    EL VAIVÉN DE LAS METAS

    El principal producto minero de exportación de Colombia es el carbón, y lo que pasa con este mineral, refleja una tendencia en la industria extractiva nacional.

    La presencia de grandes jugadores internacionales como Glencore, AngloAmerican, BHP Billinton y Drummond han permitido al país mantener su preponderancia en materia carbonífera. Aunque los bajos precios llevaron a replantear las metas.

    Basta recordar que según el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el año pasado el país debió alcanzar una producción de 124 millones de toneladas y el año pasado no fue posible alcanzar ni los 90 millones de toneladas.

    El freno que se ha visto en los últimos dos años a la actividad carbonífera tiene que ver con dos factores que han golpeado a toda la industria extractiva: los bajos precios de las materias primas, pero también a la conflictividad social y laboral entorno a toda la industria minera.

    En el 2013, por ejemplo, hubo paros laborales en Colombian Natural Resources, Drummond y Cerrejón lo que detuvo la producción. Este año, el freno viene por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional que impide el tránsito nocturno del tren carbonero de Fenoco, lo que podría frenar la extracción de cerca de 15 millones de toneladas de carbón del Cesar.

    Algo similar ha ocurrido con minerales como el oro, el ferroníquel y las esmeraldas, donde hay proyectos e intenciones de invertir, pero las empresas se quejan de inestabilidad jurídica.

    ORO, ENTRE LA ILEGALIDAD Y PROYECTOS FRENADOS

    Las reservas de oro en Colombia podrían posicionar al país como uno de los países con mayor producción de Suramérica. Pero el desarrollo de los proyectos ha encontrado con varios obstáculos.

    El principal de ellos tiene que ver con las ubicaciones de los yacimientos, que, en muchos casos, se encuentran en ecosistemas sensibles, por lo que el eventual desarrollo de las minas genera preocupaciones ambientales.

    Exactamente este es el caso de los proyectos mineros de la provincia de Soto Norte, en Santander. Parte de los títulos mineros de empresas como Eco Oro y Leyhat quedaron dentro del páramo de Santurbán, un ecosistema protegido, lo que impide el desarrollo de las minas, como estaban planeadas.

    Otros proyectos en exploración, como La Colosa, de AngloGold Ashanti, se han encontrado con una gran oposición por parte de las comunidades, aún cuando todavía no se ha definido qué tipo de mina se pretende construir.

    Pese a la ausencia de proyectos de mediana y gran escala en el país, la producción de oro ha crecido, y algunas voces como la de la Asociación Colombiana de Minería, temen que buena parte de esta nueva producción es ilegal.

    Las cifras oficiales indican que hay más de 186 municipios del país con explotaciones ilícitas de oro, en algunas zonas esta actividad es utilizada para financiar grupos al margen de la ley.

    EL FERRONÍQUEL, EN LA LUCHA POR MANTENERSE

    Entre los diez productos de exportación más importantes del país se encuentra el ferroníquel, que se produce en Cerro Matoso, una mina ubicada en Montelíbano.

    Sin embargo, tanto los precios de este mineral, como la declinación de los yacimientos tienen a la empresa buscando alternativas, ya no para crecer, sino al menos para mantenerse en el mercado.

    De las 50.000 toneladas de mineral que producía la mina hace unos años, en el 2015 la compañía espera cerrar con una producción de 38.000 en el mejor de los casos.

    Fuente: Portafolio.co

  • Fiscalizacion MEn la última década han fallecido cerca de mil personas en más de 700 emergencias presentadas en operaciones mineras legales e ilegales. La mayor mortalidad se da en minas subterráneas de carbón.
     
    El miércoles en la noche la muerte visitó nuevamente a una mina en Boyacá. En el municipio de Samacá, una explosión de gas metano en una explotación subterránea de carbón acabó con la vida de cinco trabajadores que se encontraban en el socavón. Sus cuerpos fueron rescatados ayer a las tres de la mañana.
     
    Con este accidente ya son 46 en lo corrido del año atendidos por el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería, ANM, en los que han fallecido 60 personas.
     
    En la última década se han producido casi 1000 fallecimientos (999 para ser precisos) en 795 emergencias.
     
    Con estas cifras es fácil concluir que la muerte se instaló como un riesgo latente en buena parte de la actividad minera que se realiza en el país.
     
    Pero hay que ver los detalles.
     
    En primer lugar, la misma ANM admite que puede haber un subregistro de estos accidentes, pues en minas que se explotan sin títulos mineros ni permisos al día en caso de accidentes, en los que no hay muertos, es posible que no avisen a las autoridades por miedo a sanciones.Es decir, la cifra de accidentes puede ser mucho más alta de las registradas.
     
    Otro dato llamativo es que en las minas legales (para este caso la agencia se refiere a aquellas que tienen títulos mineros vigentes) se han reportado el 75 por ciento de las emergencias registradas entre el 2005 y el 2015.
     
    Esa tendencia se mantiene en lo que va de este año, pues de los 46 accidentes, 33 se dieron en minas legales y solo 13 en minas ilegales.
     
    Cuando se compara la accidentalidad del sector en Colombia con la de países mineros como Perú y Chile, las diferencias saltan a la vista: en el primero, el año pasado se reportaron 26 accidentes, con 32 personas fallecidas; en el segundo 23 eventos, con 27 muertos.
     
    En Colombia, en el 2014 fueron 87 accidentes y 120 muertos.
     
    Pero dicen que las comparaciones son odiosas, y, según el vicepresidente de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de Minería, Javier García Granados, en este caso pueden ser de ‘peras con manzanas’.
     
    “En Perú y Chile no se explota carbón bajo tierra, es más la producción de minerales metálicos. La operación de carbón es más peligrosa”, explica, y tiene cifras para respaldar su afirmación: cuatro de cada cinco emergencias atendidas por el grupo se presentan en operaciones de carbón, solo una de cada diez se da en explotaciones de oro.
     
    Es que la minería subterránea de carbón presenta más riesgos por la existencia de gases metano, de tal forma que si no hay la infraestructura de ventilación adecuada cualquier chispa puede ocasionar una explosión de gran magnitud.
     
    Pero no todas las minas (con o sin título) tienen la infraestructura adecuada y las autoridades lo saben.
     
    El experto en minería y cofundador del grupo de salvamento minero del Gobierno, Eduardo Chaparro, explica que además la alta accidentalidad minera del país está asociada con la informalidad del sector.
     
    “En Chile hay más accidentes en la industria bancaria que en la minería, así que en Colombia es un problema asociado fundamentalmente con la ilegalidad, que no está amparada con las medidas de seguridad industrial adecuadas”, señala.
     
    A pesar de estas consideraciones el hecho es que las cifras siguen siendo altas, no solo si se comparan por número de accidentes y de fallecidos, sino también si se relacionan las tasas de fatalidad de la industria.
     
    Este es un indicador que se calcula dividiendo el número de muertos sobre el número de horas-hombre trabajadas para una industria particular, en este caso la minera.
     
    En Colombia, en los últimos años ha tenido una disminución considerable, de un índice de 3,32 en el 2010 a uno de 2,66 en el 2014, y uno de 1,45 en lo que va del 2015.
     
    Sin embargo, la cifra está muy lejos aún de casos como el chileno, que reportó un índice de 0,04 para el primer trimestre del 2015 y de 0,06 en 2014, e incluso de Estados Unidos, el segundo mayor productor de carbón del mundo, donde la tasa es de 0,9.
     
    Por donde se mire, el número de vidas que cobran los accidentes mineros en el país es alto.
     
    Aunque los gremios y la industria insisten en que hay que distinguir entre la minería bien hecha y la minería ilegal y criminal, las estadísticas oficiales mantienen zonas grises con respecto a cómo diferenciarlas.
     
    BUSCAN LAS CAUSAS DE LA EXPLOSIÓN EN SAMACÁ
     
    La mina Laureles, donde se produjo el accidente el pasado miércoles, es una operación subterránea, a cargo de Carbones Andinos y cuyo titular es la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá Ltda.
     
    Esta mina tiene cinco bocaminas, y tras el accidente fueron clausuradas tres para iniciar una investigación e indagar la causa original de la explosión.
     
    La ANM informó que en cuatro inspecciones que hizo a la mina se identificaron cuatro deficiencias en la operación, pero aún no es posible determinar si una de ellas ocasionó la explosión.
     
    El vicepresidente de la ANM, Javier García Granados, dijo que la entidad cumplió con su función preventiva y de fiscalización.
     
    Fuente: Portafolio.co / Nohora Celedón
  • El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, solicitó anticipar para el 2017, el proceso de validación de Colombia a la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (Eiti), que mide el nivel de progreso de un país en materia de transparencia y buena gobernanza del sector minero-energético.
     
    COLOMBIA FOMENTA LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR EXTRACTIVO COLOMBIA FOMENTA LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR EXTRACTIVOEl Presidente Juan Manuel Santos, acompañado por el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce y el Secretario de Transparencia, Camilo Enciso, entre otros, sostuvo una reunión con el máximo directivo de Eiti, Fedrik Reinfeldt, y con el director regional para América Latina, Francisco París, en la que dialogó sobre la solicitud hecha durante la trigésima sexta reunión del Consejo Internacional de la iniciativa en Bogotá.
     
    La petición fue hecha conjuntamente en el Comité Tripartito Nacional (CTN), conformado por el Gobierno, las empresas del sector de extracción de hidrocarburos y minerales y la sociedad civil.
     
    El Ministro Arce, junto con el Viceministro de Minas, Carlos Cante, y la Viceministra de Energía, Rutty Ortiz, presentaron el segundo informe Eiti correspondiente a los años fiscales 2014 y 2015, como un paso crucial hacia el proceso de implementación de dicha Iniciativa global.
     
    Eiti promueve la transparencia en la gestión de los ingresos generados por la extracción de los recursos naturales no renovables.
     
    Consolidación de información:
     
    Este informe contiene las cifras de los pagos de orden nacional realizados por 18 empresas del sector de minería e hidrocarburos, que reportaron información por 32 empresas o NITS correspondiente a los ingresos recibidos por el Estado colombiano en los años fiscales 2014 y 2015.
     
    De igual forma, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportaron información para la construcción de este segundo informe.
     
    Su consolidación es el resultado de un esfuerzo conjunto del sector público, del sector privado y de la sociedad civil, que a través del diálogo llegaron a consensos que establecen los parámetros y criterios para fomentar la transparencia de la cadena de valor del sector extractivo.
     
    Para la realización de este segundo informe, un administrador independiente recopiló y cotejó los datos de los pagos realizados al Gobierno Nacional por parte de las empresas participantes. En su conjunto representan, para el informe del 2014, más del 96% de todos los ingresos del país y para el informe del 2015, representan más del 93%.
     
    También se incluyeron todos los pagos significativos del orden nacional que realizaron las compañías mineras y de hidrocarburos al Estado. Para el año 2014, las empresas reportaron pagos por $28,3 billones y para el 2015 reportaron pagos por $14,0 billones.
     
    El CTN lo conforman el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales; por parte de las empresas: la Asociación Colombiana de Minería, la Asociación Colombiana de Petróleos y Ecopetrol; y por parte de la sociedad civil: el Foro Nacional por Colombia, Transparencia por Colombia, y la Alianza por la Minería Responsable.
     
    MME
     
  • Mineria Ilegal ChocoEl Banco Mundial no augura una recuperación del precio del metal en los próximos cinco años.
     
    A los productores de oro de Colombia, aunque parezca extraño, no les preocupa tanto la caída de los precios del oro, como sí el mal funcionamiento de las políticas del Gobierno para el sector minero. A pesar de que esta semana la onza se cotizó en su mínimo de los últimos cinco años, se muestran inconformes con la falta de medidas para luchar contra la extracción ilegal y la burocracia para lograr echar a andar una mina en el país.
     
    Contrario a lo que pasó con el petróleo, que en seis meses se desplomó a menos de la mitad, la destorcida del oro fue paulatina. Los mismos factores o actores que elevaron su cotización son los que hoy provocan su caída. La crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, el ajuste de las tasas por parte de la Reserva Federal (FED) y la alta demanda del commodity por parte de China lo llevaron a niveles de US$1.859 la onza. En esa coyuntura funcionó como una inversión segura.
     
    Sin embargo, ante la recuperación de la economía norteamericana, la posibilidad de que la FED suba tasas y la publicación de las reservas de oro del Banco Central de China -cerca de 1.700 toneladas- que no cumplieron con las expectativas, pues se esperaba que fueran mayores, hicieron que el mercado reaccionara. Esta semana el precio osciló entre US$1.100 y US$1.080 por onza.
     
    El miércoles el Banco Mundial publicó su informe trimestral, “Panorama sobre los mercados de productos básicos”, y la conclusión principal fue que en la actividad energética mundial ven un crecimiento de la demanda, pero un menor crecimiento, porque la economía todavía pasa por una etapa de recuperación “frágil”.
     
    En conversación con El Espectador, el autor del informe, John Baffes, aseguró que “los precios del oro dependen mucho del sentimiento de los inversores. Vimos los precios altos del oro en el pasado porque los inversionistas lo vieron como una inversión, especialmente después de la crisis financiera de 2008. Ahora ellos están confiando menos en el oro, razón por la cual vemos que sus precios caen”. La previsiones del organismo multilateral para este año es que la onza troy se mantendrá en US$1.175, mientras que para 2020 se estima que rozará los US$1.084.
     
    Esta cifra, aunque no es del todo alentadora, todavía permite desarrollar proyectos mineros en Colombia con un margen de ganancia aceptable, según explicó el country mánager de la canadiense Red Eagle Mining, Rafael Silva. Si bien este proyecto está en etapa de exploración y producirá su primera onza en 2017, su modelo financiero flaquearía de no cumplirse las predicciones del Banco Mundial. “Lo peor que nos puede pasar es que el precio de la onza de oro quedara por debajo de US$1.000. Según nuestros tres modelos financieros, la sensibilidad se da en ese precio, pero todavía se puede trabajar. A US$1.300 es la cifra ideal para pagar el proyecto en poco más de uno año”. En la mina San Ramón producir cada onza cuesta US$763.
     
    Colombia tiene dos grandes empresas dedicadas a la extracción de oro: Mineros (un grupo empresarial colombiano en el que tiene mayoría accionaria el Grupo Colpatria, la Corporación Financiera Colombiana y grupos minoritarios), así como Gran Colombia Gold (una empresa canadiense que lleva a cabo la explotación subterránea más grande del país). Sumadas las dos firmas a pequeñas mineras y los “barequeros” completan la producción formal, que en 2014 alcanzó los 6,76 millones de gramos de oro, solamente el 12% de la producción total.
     
    “En ambas fases es muy importante tener los precios del oro altos, pero tan importantes como estos es la estabilidad de las reglas internas y nacionales de cada país. La industria está acostumbrada y preparada a la volatilidad de los precios, pero a lo que no está acostumbrada es a la falta de claridad de las reglas de juego, a la ilegalidad que la está atafagando y una demora excesiva de las licencias ambientales. Nada nos ganamos con tener unos precios en la luna, suponga que el “superciclo” no se ha terminado, si no se establecen unas condiciones para el negocio, para que sean las empresas legales las que puedan desarrollar esta actividad, de nada sirve que el precio suba o baje”, dijo la exdirectora del Sector de Minería a Gran Escala, Claudia Jiménez.
     
    Las cifras de producción ilegal en Colombia son preocupantes. Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), el 88% del oro extraído en el país es ilegal. Y aunque desde 2012 haya disminuido esa producción en cerca de 12 millones, todavía es muy alta para los productores.
     
    El presidente de Continental Gold, Leon Teicher, advirtió que “esa minería criminal está dañando los pueblos, llenándolos de prostitución, de droga, sobornando a la Policía, al Ejército y a los alcaldes. En Colombia se debería controlar la minería criminal con la fuerza del Estado y crear un ambiente jurídico para que se desarrolle el negocio, así se puede extraer oro incluso a US$800 la onza”.
     
     
    Fuente: Elespectador.com
  • Mineros Cascos11Dicen que si ciudadanos deciden sobre esas actividades podría peligrar el abastecimiento de insumos.
     
    Empresarios del sector minero y de materiales para la construcción serían los directamente afectados con la consulta que se pretende realizar en Ibagué, para que sean los ciudadanos y no el Gobierno los que autoricen o no actividades de minería.
     
    Agregaron que además se pone en peligro el abastecimiento de insumos esenciales para la fabricación de cemento y concreto.
     
    El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, afirmó que preveían una consulta sobre el tema, pues se ha debatido bastante en la región. “En la votación del Concejo de la ciudad quedó 10 contra 9, y luego se llevó al Tribunal del Tolima, en donde la decisión fue muy dividida y demorada porque hubo recusaciones, y, finalmente, se expidió”, dijo.
     
    El dirigente agregó que “es triste que para hacer una pregunta sesgada, que no se refiere a la minería que se hace con requerimientos técnicos, se van a gastar unos 13.000 millones de pesos, que es el doble del presupuesto que tiene la ciudad para recreación y deporte y para infancia y adolescencia”, explica.
     
    Por su parte, la compañía Anglogold Ashanti señaló que por ahora no hará un pronunciamiento con respecto al fallo, debido a que todavía no conoce el contenido.
     
    Sobre este asunto, fuentes del sector minero recordaron que el proyecto La Colosa todavía no tiene un estudio de impacto ambiental, lo que quiere decir que todavía no está produciendo oro ni hay actividad minera de extracción en jurisdicción del municipio de Cajamarca.
     
    Cabe recordar, además, que desde el 2013 Anglogold Ashanti inició el proceso de renuncia a 6 contratos de concesión en el cañón del río Combeima, de los cuales cuatro se radicaron ante la Agencia Nacional de Minería en noviembre y diciembre del 2012, mientras la salida de los otros dos se presentó en mayo y agosto del 2014. (Además: Serán las propias comunidades las que veten minería en su territorio)
     
    Tras la puerta que abrió la Corte Constitucional para que entre los municipios y el Gobierno se concierte el uso del subsuelo, que es propiedad del Estado, el presidente de Asogravas, Carlos Fernando Forero, advirtió en junio que si la consulta se llega a efectuar, puede haber un efecto dominó en varios municipios que consideren que este es el camino para hacer el ordenamiento del territorio, y habría procesos similares de manera recurrente no solo en el Tolima, sino en otras zonas del país.
     
    La preocupación tiene que ver con el efecto que habría para el desarrollo de las obras civiles y de vivienda, toda vez que desde fuera de Bogotá ingresan cerca de 450.000 toneladas mensuales de agregados y materiales de construcción, de ellas el 83,3 por ciento se extrae en el Tolima.
     
    El Ministerio de Minas y Energía se abstuvo ayer de realizar algún pronunciamiento sobre la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima y, a través de su oficina de prensa, anunció que el ministro Germán Arce hará un pronunciamiento el lunes.
     
    Fuente: Eltiempo.com
  • Mineria MartiNi el desalentador panorama que observa el mercado internacional de los minerales, como el oro y el carbón, impide que los inversionistas sigan demostrando su interés por desarrollar proyectos de explotación en Colombia.

    El pasado viernes el Ministerio de Minas y Energía celebró la llegada al país de Murray Energy, que adquirió los activos carboníferos de Goldman Sachs en la Costa Caribe.

    “Recibimos con satisfacción la noticia de la llegada de una de las compañías más grandes de los Estados Unidos a Colombia para realizar operaciones de carbón. Esto demuestra que somos un país atractivo para la industria mundial”, afirmó el ministro de Minas, Tomás González Estrada.

    Aunque no trascendió el monto de la transacción, Murray Energy será dueña de dos operaciones de carbón de cielo abierto en el Cesar (La Francia y El Hatillo), tres minas que aún no han sido desarrolladas, más de 184 millones de toneladas de reservas de carbón, las instalaciones en el puerto, y tendrá propiedad parcial de una línea férrea, once locomotoras y 530 carros de riel.

    “La inversión de compañías internacionales es una muestra clara de la confianza que existe para apostarle a un sector competitivo y con buena proyección”, insistió el funcionario.

    Oro en Antioquia

    De otro lado, la minera canadiense Red Eagle Mining invierte 120 millones de dólares en la apertura de una mina de oro subterránea en Norte de Antioquia.

    Se trata de la mina San Ramón, ubicada en Santa Rosa de Osos, que se constituye en el primer proyecto aurífero que se pone en marcha en el país en los últimos 20 años.

    “En la fase de exploración, que se realizó entre 2010 y 2015, se invirtieron 40 millones de dólares y para la construcción de la mina 80 millones de dólares adicionales”, indicó el gerente para Colombia de Red Eagle Mining, Rafael Silva, en declaraciones a la agencia Efe.

    La construcción de la mina empezó el pasado 29 de julio tras obtener la licencia ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia).

    “Esperamos que la mina esté terminada antes del próximo año y empezar a producir antes de que finalice 2016 unas mil toneladas de minerales al día y unas 50.000 onzas de oro anualmente”, añadió Silva.

    Durante la fase de construcción Red Eagle proyecta generar 120 empleos directos y en la de producción unos 150. Las reservas estimadas de San Ramón, calculadas hasta los 200 metros de profundidad, son de 400.000 onzas en los ocho años que Red Eagle Mining cree que la veta estará activa.

    Fuente: Elcolombiano.com

  • Mineria Ilegal CianuroEn 15 días se conocerán los mandos de los grupos de la Policía y el Ejército que lucharán contra este delito. El 17% de las áreas protegidas tienen operaciones mineras.
     
    El Gobierno Nacional presentó un plan de choque para combatir la minería ilegal, que en el caso de la extracción de oro alcanza un 88%, es decir de los 6,76 millones de gramos del metal que se produjeron en 2014, tan solo el 12% es legal (Vea cómo afecta la minería ilegal a la producción legal)
     
    El paquete de medidas, en el que participarán los Ministerios de Minas, Defensa, Justicia y Medioambiente, incluye formalización de pequeños productores que trabajan sin licencia, la oportunidad de cambio de actividad para quienes no quieran legalizarse y el castigo para los que desarrollen este tipo de actividad con el fin de financiar grupos al margen de la ley.
     
    Según el responsable de la cartera de la Defensa, Luis Carlos Villegas, para este fin serán creados dos grupos élites de la Policía y el Ejército que tendrán facultades para incautación y suspensión de actividades mineras en zonas donde no es permitido.
     
    Por su parte, Tomás González, ministro de Minas y Energía manifestó que la formalización a la que se deben ajustar quienes son legales incluye: obtener un título minero, tener un instrumento ambiental y un plan minero, pagar regalías y que el pago de los trabajadores se haga con los estándares exigidos por el Estado.
     
    Así mismo, la viceministra de minas,María Isabel Ulloa, con la política de formalización expedida en 2014 se crearon once juntas de formalización en igual número de departamentos y cerca de 880 unidades mineras en este proceso. A 2018 deberán haber terminado este proceso más de dos mil. (Vea por qué el país no es competitivo para la minería)
     
    A pesar de que el Gobierno ha declarado más de 50 parques y ha consolidado las Áreas Protegidas, en donde no se podrá desarrollar minería, el 17% de ellas tienen algun tipo de operaciones de este tipo, según Gabriel Vallejo, ministro de Ambiente.
     
    Por esta razón, el metal y los recursos que sean incautados en las operaciones serán invertidos en los pasivos ambientales generados por estas operaciones.
     
    Finalmente, explicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, los delitos por los que podrá ser condenado una persona están los de instigación al terrorismo, el de encubrimiento y lavado de activos. Entre tanto, quienes compongan cualquier parte de la cadena del tráfico del metal serán judicializarlos.
     
    En las próximas dos semanas será determinado quienes compondrán los grupos de la Fuerza Pública y la Policía que iniciarán las actividades.
     
    Los departamentos más afectados por este flagelo son Chocó y Amazonas
     
     
    Fuente: Elespectador.com /  Óscar Güesguán Serpa
  • Seguridad Minera WebDesde hoy el país cuenta con la actualización del reglamento de seguridad minera para la ejecución de actividades subterráneas con altos estándares de seguridad. De acuerdo al decreto 1886 de septiembre 21 de 2015 adoptado por los Ministerios de Minas y Energía, el Ministerio del Trabajo y de la Protección Social, y el Ministerio de Salud, se establecen normas para realizar una actividad segura y llevar a cabo procesos de vigilancia, inspección y control rigurosos que ayudan preservar las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo, así como a prevenir y minimizar los accidentes.
     

    "El Gobierno Nacional sigue avanzando en la organización del sector minero con normativas que garantizan la seguridad tanto para los trabajadores como para los titulares. Contar con reglamentos técnicos que regulan la actividad de explotación subterránea fortalece la formalización minera y asegura el mejoramiento de las prácticas de trabajo en todo el país. Estamos haciendo posible una actividad responsable y cuidadosa”, aseguró el Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada.

    De otra parte, el Ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón celebró el trabajo mancomunado del gobierno: “Este es el resultado de un trabajo que actualizó las normas de labores subterráneas después de 28 años. Esta nueva norma es el compromiso del gobierno con la seguridad y la salud de los trabajadores mineros, para prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como muertes en el desarrollo de actividades subterráneas”.  

     
    El nuevo reglamento, el cual reemplazó al Decreto 1335 de 1987, se establecen obligaciones para el titular minero, quien es, entre otras, el responsable de lo siguiente:
     
    1. Implementar el reglamento en su totalidad  y velar porque todos sus trabajadores estén afiliados a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales.

    2. Deberá incluir inspecciones permanentes y mantener un monitoreo continuo del estado de la mina para evitar cualquier accidente.

    3. Asegurar la realización de mediciones ininterrumpidas de metano, monóxido carbono, ácido sulfhídrico y contaminantes, antes iniciar las labores y durante la exposición de los trabajadores en explotación minera y mantener el registro actualizado en los libros y tableros de control.

    4. Capacitar a todos los trabajadores en competencias laborales subterráneas.

    5. Entregar a todo el personal elementos y equipos de protección personal certificados por organismos reconocidos dentro del Sistema Nacional de Acreditación.

    6. Definir e implementar un plan de sostenimiento de la explotación, de acuerdo con el estudio geomecánico del área y con lo aprobado en el Programa de Trabajos y Obras del proyecto.

    7. Implementar un circuito de ventilación forzada que asegure mínimo un diecinueve por ciento de oxígeno en la atmósfera del lugar bajo tierra. 

    La inspección y verificación de este reglamento es responsabilidad de las autoridades competentes, quienes harán un reporte detallado con las modificaciones pertinentes que deben ser realizadas en la mina para mayor seguridad.

     

    MME- paisminero.co

  • Mineria Ilegal ChocoUna investigación realizada en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia revela cómo la expansión de la extracción ilegal de oro no sólo está degradando parte de la reserva de biodiversidad más importante del mundo sino modificando drásticamente la vida de sus habitantes
     
    El video de los indígenas peruanos no contactados se volvió viral en junio de 2013. Durante tres días, cien miembros del pueblo mashco piro, que por años permanecieron —voluntariamente— al margen de la cultura occidental, llegaron a la ribera del río Las Piedras, en el estado de Madre de Dios, para pedirles a los nativos de la remota comunidad de Monte Salvado que les dieran plátanos, cuerdas y machetes. El video, más que un hecho curioso, contenía el síntoma de que la vida en esa selva, descrita como la capital de la biodiversidad peruana, ya es otra cosa.
     
    Antropólogos y científicos concluyeron que las comunidades se estaban viendo obligadas a salir de la selva al sentirse acorraladas por las actividades extractivas de oro y madera que están acabando con los árboles y ahuyentando los animales de caza. Después de ese episodio sucedieron al menos otros tres en los que incluso se registraron ataques de los aislados a otras comunidades indígenas. El 1º de mayo de este año los mashco piro ingresaron con arcos y flechas al territorio de la etnia matsigenka, mataron a Leonardo Pérez Peña, de 20 años, y se llevaron los animales y la comida que encontraron apilada.
     
    Madre de Dios, que hasta hace diez años era el estado menos poblado del Perú, se ha convertido por cuenta de la fiebre del oro en el territorio que más nuevos colonos recibe. En cinco años el impacto de cientos de dragas y retroexcavadoras, que remueven tierra de los bordes de los ríos las 24 horas del día y vierten cantidades incalculables de tóxicos como mercurio a las aguas para atrapar el metal, han destrozado 50.000 hectáreas de bosques, modificando el paisaje y provocando un desastre ambiental sin precedentes.
     
    Aunque el caso de Madre de Dios revela la mayor afectación a ecosistemas ligados al impacto de la minería en el Amazonas, esta es sólo una escena de un panorama regional mucho más preocupante y complejo al que se suman Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador. Un escenario que acaba de ser descrito, a partir de estudios de caso, por un equipo de investigadores coordinados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), bajo la financiación de IUCN Holanda.
     
    Durante el año 2014 un equipo de seis científicos trabajó en cada país. En Colombia los investigadores Alejandra Laina y Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), se concentraron en la cuenca media del río Caquetá, en el municipio de Solano, entre el corregimiento de Araracuara y el resguardo Nonuya de Villa Azul. En Brasil, el instituto Giral estudió la situación del estado de Rondonia, en la frontera con Bolivia. La región de Zamora-Chinchipe fue el foco de investigación en Ecuador por parte de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA). En Perú el caso de Madre de Dios fue reseñado por la SPDA, y en Bolivia el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) se concentró en Riberalta. El resultado es un libro de 300 páginas titulado Las rutas del oro ilegal. Estudios de caso en cinco países amazónicos, presentado el pasado viernes en Bogotá.
     
    A partir de visitas de campo, entrevistas con autoridades, pobladores, mineros e informantes, los investigadores describieron cómo en los últimos quince años la subida de los precios del oro y su demanda internacional, unidas a la falta de control e interés estatal por los poblados fronterizos, han impulsado de manera acelerada la apropiación de la selva por parte de nuevos colonos e indígenas y pobladores locales interesados en la extracción del metal.
     
    “Que la mayoría de casos estén ubicados en fronteras no es casualidad. Son zonas donde el problema de regulación es complicado y el oro termina moviéndose entre países, pasando de mano en mano sin control hasta que llega a ciudades como São Paulo, Bogotá o Quito. Luego termina en mercados y centros financieros de Europa, Asia y Norteamérica. Durante esta cadena de extracción y comercialización mucho de ese metal se funde con oro legal dejando sin rastro sus antecedentes ilegales”, explica Carlos Fierro, investigador del FFLA (Perú).
     
    Según el peruano Lenin Valencia, coordinador del estudio, Naciones Unidas ya ha dicho que las rutas de comercialización del oro extraído en regiones del África, Asia y América siguen siendo oscuras y de difícil control, pero estos estudios de caso entregan importantes indicios de que el oro ilegal de la Amazonia llega principalmente a Estados Unidos y Suiza. “Sólo Colombia tiene un patrón distinto, con las islas Malvinas e Italia como los principales destinos de exportación”, indica Alejandra Laina, investigadora para Colombia.
     
    “La principal ruta de salida del oro extraído en Araracuara se da por vía aérea a través de Bogotá, donde la cadena de comercialización logra legalizarlo e introducirlo en los mercados nacionales e internacionales. En el período 2003-2009 Bogotá fue el punto de salida del 33% de las exportaciones nacionales. Además se reportan exportaciones a través de la zona franca Palmaseca, en el departamento del Valle del Cauca (23,5% procedentes directamente de Bogotá)”, se lee en el capítulo sobre Colombia.
     
    Según los investigadores de la FCDS, aunque es difícil establecer un trazado que permita saber el destino final del oro de la Amazonia colombiana, se puede concluir, al revisar las tendencias de exportación, que todos los puntos de extracción ilegal del territorio colombiano tienen como principales destinos las islas Malvinas (Falkland) (51,71%, procedente principalmente de Santander), Italia (11,23%, que viene casi en su totalidad del Valle del Cauca), Panamá (5,02%, procedente en su mayoría de Antioquia), Estados Unidos (4,06%, procedente del Atlántico principalmente), con exportaciones menores a otros países en Europa.
     
    A pesar de que en los cinco países estas zonas han sido vistas como áreas prioritarias de conservación natural mundial, la falta de un ordenamiento territorial que indique cómo se deben organizar las actividades productivas, y en general la vida, en ese territorio megadiverso, ha provocado que la llegada del boom aurífero esté modificando las costumbres de los pobladores, quienes han visto en la actividad extractiva una oportunidad económica para subsistir, pues a esta situación se ha unido la ausencia de políticas que protejan a las comunidades indígenas y a la vez les entreguen oportunidades productivas económicas a los habitantes del Amazonas.
     
    A su vez, la falta de un marco que regule la minería de oro en estas áreas ha impulsado la llegada de economías ilícitas y mafias ligadas al narcotráfico, y, en el caso de Colombia, también de grupos armados ilegales interesados en “lavar” dinero por cuenta del metal. Con ellos llegan también la prostitución, el encarecimiento de la comida y el combustible, los problemas sociales entre comunidades que se oponen a la minería y las que la avalan, los conflictos familiares y el miedo y las presiones que imponen los armados sobre las poblaciones rurales.
     
    La cadena económica de esta ruta del oro es bastante compleja. Lenin Valencia explica que en el caso de Brasil, Bolivia y Perú no existe una mafia articulada sino que hay actores que están en distintos niveles: “En el nivel de la extracción puede existir un financista que simplemente pone la plata para que otros extraigan y le regresen ganancias, pero también otros que prestan la plata para hacer minería a través de mecanismos de financiamiento informales”.
     
    Por otro lado, hay unos actores formales que no se interesan mucho en saber de dónde proviene el metal, como las refinerías y las casas de compra en Bogotá, Quito o Lima, que pagan por el oro sin preocuparse por el origen. “Pero también existe una cadena de suministros. Empresas que proveen insumos y maquinaria minera que termina siendo utilizada en la selva amazónica. Todos se aprovechan de una situación que no está reglamentada”, dice el investigador del SPDA del Perú.
     
    Los investigadores también identificaron que, más allá del alza en el precio del oro, los proyectos nacionales de infraestructura vial y energética en la Amazonia parecen ser un factor que cataliza el desarrollo de la minería informal e ilegal. En los casos de Brasil y Perú es evidente que la construcción de hidroeléctricas y vías de comunicación en Rondonia y Madre de Dios ha facilitado el crecimiento de la minería informal e ilegal.
     
    Además, los gobiernos promueven discursos encontrados, aseguran los científicos. “Mientras los países hablan de la necesidad de conservar el Amazonas, incentivan políticas nacionales de expansión minera. Entonces no queda claro cuál es el uso que se le quiere dar al territorio amazónico. Hay zonas donde no se debería hacer minería porque los costos ambientales podrían superar cualquier beneficio que se pueda obtener a corto plazo y serían las generaciones futuras las que tendrían que asumir estos pasivos ambientales”, dice el coordinador.
     
    Para buscarle una salida a este problema, el equipo incluyó entre sus recomendaciones a los funcionarios la idea de que, a través de mecanismos democráticos transparentes, los gobiernos lleven a cabo esquemas de ordenamiento territorial. “Pero este tiene que ser un proceso participativo, no una imposición de un gobierno central porque, si los pobladores del Amazonas no tienen voz para definir qué se va a hacer en su territorio, las políticas se quedarán en un papel inútil que simplemente suena coherente”, dice Lenin Valencia.
     
    Con este panorama sobre la mesa, los expertos creen que el problema debe ser visto por los gobiernos como un conflicto regional en el que se deben buscar soluciones conjuntas que no sólo se concentren en frenar a quienes extraen el oro en las minas sino también la cadena de comercialización. “No sólo el minero es ilegal sino toda la cadena. Tenemos que trabajar en romper esos nexos entre quienes sacan oro de Araracuara en Colombia o en Madre de Dios en Perú y los empresarios en Suiza y Estados Unidos que lo están comprando. Se requieren protocolos que obliguen a las empresas a comprar oro legal. Se hace con los diamantes, se hace con la madera, ¿por qué no se está haciendo con el oro?”, se pregunta la investigadora peruana Carmen Heck, del SPDA.
     
     
    Fuente: Elespectador.com / Angélica María Cuevas Guarnizo
  • Mineria 2013 2Los datos de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) indican que para lograr los objetivos de producción en carbón y níquel es necesario alcanzar un crecimiento de dos dígitos en el segundo semestre.
     
    Pese a que el Gobierno Nacional se ha mantenido en su meta de lograr, al finalizar este año, una producción de 97,8 millones de toneladas de carbón y 48.000 toneladas de níquel, los cálculos de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) indican que para alcanzar este objetivo se necesitaría un segundo semestre extraordinario para los productores.
     
    El gremio dio a conocer un balance de este sector, para el primer semestre del año y concluyó que en ese lapso la producción de carbón cayó 3,6 por ciento y la de níquel se contrajo en 4 por ciento, con respecto a los primeros seis meses del 2014.
     
    Ambas caídas coinciden con un desempeño débil de las cotizaciones de ambos minerales en el mercado internacional: para el carbón los precios han caído en promedio 13,4 por ciento en los primeros siete meses del año, mientras que el níquel se desvalorizó 25,3 por ciento en la misma temporada.
     
    “Es una realidad que venimos varios años con una descolgada de los precios internacionales de los minerales. Esta situación es analizada constantemente por la industria porque el nuevo panorama nos lleva a estrechar los márgenes operativos de la producción” afirmó Santiago Ángel Urdinola, presidente del gremio.
     
    MÁS ALLÁ DEL PRECIO
     
    En el caso del níquel, la caída de la producción está relacionada con el declive de la mina de Cerro Matoso, donde el material que se extrae es cada vez de menor calidad, es decir contiene menos mineral, y por lo tanto es más costoso de producir.
     
    La producción en este complejo ubicado en Montelíbano (Córdoba) también se vio interrumpida a principios de este año durante quince días, con un paro de trabajadores.
     
    De acuerdo con la ACM, para que se logre la producción de níquel planteada en la meta del Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el segundo semestre la producción de este mineral tendría que llegar a las 28.800 toneladas, es decir tener un incremento de 35,7 por ciento, con respecto a los resultados del mismo periodo del año pasado y aumentar 9.600 toneladas con respecto al primer trimestre de este año.
     
    En cuanto el carbón, los cálculos indican que para compensar la caída de la producción del primer semestre y alcanzar la meta total del año, se deberá incrementar en un 24 por ciento el volumen de mineral extraído en los últimos seis meses del año, con respecto al periodo comparable del 2014. Esto implica producir 13,8 millones de toneladas más que en el primer trimestre de este año.
     
    Lograr estas cifras es poco probable, en particular si se tiene en cuenta que el tren de Fenoco, que transporta a puerto la producción de las mineras Drummond, CNR y Prodeco, en el Cesar, tiene suspendida su operación durante la noche, por lo que el 25 por ciento de la producción de estas empresas está paralizada.
     
    De acuerdo con Ángel Urdinola, la única forma de revertir de algún modo esta tendencia es implementando un plan de impulso exclusivo para el sector minero que incluya estímulos tributarias y agilidad en trámites.
     
    NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO
     
    El único mineral con el que se pueden cumplir las metas de producción es el oro.
     
    Pese a la caída de los precios de la onza troy este año, en el primer semestre, la producción aumentó 11,2 por ciento. El volumen producido llegó a las 107 mil onzas de oro.
     
    “El resultado en oro requiere un análisis porque el 12% de esa producción se encuentra en las empresas formales medianas y grandes del país. El gran interrogante es cómo se compone ese 88% restante de la producción nacional”, señaló Ángel Urdinola, apuntando a que la ilegalidad en este sector es muy grande.
     
    Fuente: Portafolio.co
  • Mineros CascosColocaciones, compras y ofertas hacen parte de la coyuntura que enfrentan las pequeñas firmas de extracción.
     
    Tal como lo habían anunciado analistas del mercado, la coyuntura de bajos precios en las cotizaciones de las materias primas está originando un reacomodo entre las compañías del sector minero. Las firmas con operaciones en Colombia no son ajenas a estos movimientos empresariales.
     
    Firmas como Red Eagle, con operación en Antioquia y NovaCopper han aumentado sus apuestas haciendo ofertas o concretando negocios para incrementar su participación en nuevos negocios.
     
    En el caso de Red Eagle, una firma de capital canadiense cuyo principal activo son los títulos mineros del proyecto de exploración de oro San Ramón, ubicado en Santa Rosa de Osos Antioquia, anunció una mayor oferta para quedarse con el 46 por ciento de las acciones de CB Gold.
     
    La propuesta de Red Eagle pretende adquirir cada acción de CB Gold por 0,162 de una acción de Red Eagle, lo que significa un precio de 0.051 dólares canadienses por cada acción de CB Gold. En suma, la transacción tendría valor de 8,4 millones de dólares.
     
    CB Gold es también una minera con sede en Canadá, que tiene once títulos mineros en Vetas, Santander. Cabe recordar que buena parte de este municipio fue ubicado dentro de la delimitación actualizada del páramo de Santurbán.
     
    Por otro lado, la también canadiense NovaCopper concretó la adquisición del 58 por ciento de Sunward Resources, una minera que tiene un proyecto de exploración de oro en Titiribí, Antioquia, con recursos inferidos de 6,01 millones de onzas de oro y 216,3 millones de libras de cobre.
     
    NovaCopper se hizo así a la mayoría accionaria del proyecto, en una transacción de 27,6 millones de dólares. La compradora es de propiedad de Thomas S. Kapplan, que está en la posición 1.741 en la lista de multimillonarios del mundo de la revista Forbes.
     
    Por su parte, la firma Angel Gold anunció que continúa en su búsqueda de financiación, por 1 millón de dólares canadienses, mediante una colocación de acciones privada, sin participación de agentes.
     
    Angel Gold tiene los proyectos de exploración El Porvenir, El Pino y Heliconia, en Antioquia.
     
    De acuerdo con el experto en el sector minero y director ejecutivo del Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Minero Energético de la Andi, Eduardo Chaparro, este tipo de movimientos es convencional en coyunturas como la actual, en la industria minera.
     
    “Hay un principio básico en el mundo de la minería, que en época de dificultades del sector lo primero que se cae es la inversión en exploración, gastar plata en exploración cuando no hay recursos es muy caro, entonces una alternativa es comprar las reservas que otros han descubierto”, explicó.
     
    En el informe Tendencias 2015 para el sector minero, la firma analista Deloitte también advirtió que las empresas júnior serían las más expuestas a este flujo de fusiones y adquisiciones.
     
     
    Fuente: Portafolio.co
  • Sector Minero EnergeticoLas industrias extractivas como la minería y el petróleo han creado una paradoja para el desarrollo económico. Con algunas excepciones, los países con abundantes recursos naturales tienen un desempeño económico y un índice de desarrollo humano, en promedio, menor al de países que carecen de estos. De hecho, hay quienes han acuñado el término de ‘la maldición de los recursos naturales’ para referirse a esta situación. 

    Según Michael Porter, los sectores de minería y petróleo representan alrededor del 5 por ciento del PIB global, y 3 de las 10 empresas más grandes del mundo pertenecen a estos sectores, generando millones de empleos. Sin embargo, menciona Porter, entre los países que ocupan los primeros 50 puestos en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, solo hay dos con una alta dependencia de la producción de minerales y combustibles. Por otro lado, existe evidencia que demuestra que en Colombia, desde el inicio de este milenio se han multiplicado las luchas sociales relacionadas con la extracción de petróleo, carbón y oro.

    No obstante este contexto, los colombianos debemos ver a estas industrias como una verdadera oportunidad de desarrollo. En lugar de señalar, juzgar y rechazar esta actividad, debemos abrazarla para construir un proyecto nacional estratégico de largo plazo en torno a las industrias extractivas. Como lo concluye una publicación financiada por la Fundación Avina, y realizada por Edgar Bejarano, “convertir a la minería –y demás industrias extractivas– en una oportunidad de creación ética de riqueza y dignidad humana es el gran reto de Colombia y América Latina en el siglo XXI”.

    Para lograr esto, este sector no se puede ver como un simple generador de renta para el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, las comunidades y las empresas privadas. Existe una corresponsabilidad de todos los actores para posicionar a estas industrias como uno de los principales motores de crecimiento económico inclusivo. Una de las barreras para ello ha sido la perversa relación que se ha generado entre los diferentes actores a nivel local en varias regiones del país, promoviendo la dependencia sobre estos sectores y limitando la expansión de sus libertades económicas. 

    Tanto Gobierno como empresas privadas deberían direccionar cada vez más las inversiones sociales en la consolidación del tejido empresarial local, conformado principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas, las cuáles tienen el potencial de generar mayor empleo. Una manera de hacerlo es invirtiendo en programas de desarrollo empresarial para proveedores locales, para que, por un lado, cumplan con los estándares de proveeduría de los operadores de los campos petroleros y las minas, y por otro, diversifiquen su portafolio de productos y servicios, se expandan a más sectores y regiones, disminuyendo su dependencia de estos ramos y asegurando su sostenibilidad en el largo plazo.

    Un caso ejemplar de esta práctica es el que ha liderado Equión en Casanare, donde ha invertido en el fortalecimiento de varios de sus proveedores locales, quienes han logrado crecer con otros clientes, en otros sectores y en otras regiones. Gracias a este tipo de iniciativas, ante el fin de las operaciones de Equión en Cusiana, parte de sus proveedores locales que crecieron con ellos, seguirán generando empleo debido a su diversificación. Este es un ejemplo que vale la pena seguir para contribuir a que las industrias extractivas se conviertan en una oportunidad de desarrollo local.

    Fuente:portafolio.co / José Mauricio Cano G. – Gerente de Fundes en Colombia

  • Oro Ecol·En el sector minero del país, el oro aún se muestra como un importante recurso tanto a escala nacional como global. ¿Cómo aprovecharlo de forma confiable y eficiente?


    Bogotá, octubre de 2016.– La explotación del oro en Colombia representa un gran potencial para el desarrollo de las comunidades donde se encuentran las minas, también es un atractivo generador de divisas. Sin embargo, existen importantes retos para convertir a este metal en un aliado de la economía nacional, regional y local.

    A escala mundial, el precio del oro sigue con una tendencia de aumento. De acuerdo con el World Gold Council, la demanda de oro a final del primer semestre del año en curso superó la que se vio durante la crisis hipotecaria de la década pasada, cuando era de 917 ton. Hoy esa demanda es de 1064 ton.

    A nivel global siempre se ha mencionado que lo único constante en la minería es la volatilidad. Ese principio parece reafirmarse por el comportamiento de las principales variables del sector. Hoy vivimos constantes variaciones en precios —generalmente hacia la baja—, importantes reducciones de demanda y diferencias en las tasas de cambio, lo que deriva en grandes niveles de incertidumbre y nerviosismo entre todos los involucrados y beneficiarios del sector”, asegura Javier Quintana; socio de asesoría de EY, y experto en el sector de minería y metales; quien recientemente fue ponente en la XII Feria Minera organizada por la ANDI.

    La realidad colombiana

    Sin embargo, cada país tiene su propia realidad y el caso colombiano tiene sus particularidades. El nivel de madurez del sector minero colombiano no es comparable con otras latitudes, y cada caso hay que mirarlo de manera particular. Actualmente, las grandes preocupaciones o riesgos a nivel global están centradas en cómo balancear la caja y generar confianza para financiar y retornar los réditos esperados de un sector que maneja grandes niveles de inversión. Mientras tanto, en Colombia aún estamos enfocados en resolver asuntos en materia social, ambiental, institucional, que deriven en confianza para las inversiones mineras.

    Esto obliga a analizar la relación entre el costo y el beneficio de la minería de oro en el país.  Al respecto el socio, de EY, afirma que “el potencial geológico y de producción del oro colombiano es inmenso. Los estudios así lo demuestran y eso hace que hoy Colombia siga en el radar de la inversión global minera. Pero ese atractivo también tiene volatilidad.

    Solamente en el pasado mes de septiembre, dos grandes multinacionales anunciaron su llegada al país, mientras que una anunció la suspensión de sus actividades debido a presiones de seguridad y minería ilegal”.

    En la actualidad y según datos de la ACM, Asociación Colombiana de Mineros, de las 55 toneladas de oro que se producen en el país, solo siete corresponden a una explotación legal y formal, así que cualquier esfuerzo por mejorar estos indicadores, con mayor cantidad de oro explotado legalmente, incrementará el impacto positivo tanto en la economía nacional, como en la calidad de vida de las zonas de influencia de las minas, sin dejar de lado el mejoramiento en el impacto ambiental.

    A pesar de que los inversionistas en proyectos de oro ven varias ventajas como costos en pesos, exportaciones en dólares y un mejor precio internacional, aún se mantienen algunas dificultades y desafíos a la hora de invertir en este subsector.

    Los principales retos están relacionados con el concepto de “licencia social para operar”, la regulación e institucionalidad y la competitividad del sector.  La licencia social para operar comprende diferentes variables, entre ellas la lucha contra la ilegalidad y la informalidad, las protestas de la comunidad y los potenciales impactos ambientales, en particular, por la cercanía a recursos hídricos, pues la minería de oro ilegal utiliza contaminantes y metales tóxicos que contaminan irreversiblemente el entorno. Este ciclo impacta en la confianza de las poblaciones en las que se pretende la explotación minera.

    Inversión, pero con resultados

    En cuanto a la regulación y a la institucionalidad, nadie duda que hoy Colombia tiene mayor capacidad institucional para la minería. Sin embargo, la falta de coordinación entre autoridades, problemas para la simplificación de trámites, garantías en seguridad, infraestructura e información insuficiente y actualizada para una mejor toma de decisiones, son esenciales a la hora de generar confianza a los inversionistas.

    Colombia, por lo tanto, debe superar el umbral de la incertidumbre para lograr que la minería de oro sea tan eficiente y productiva, como cualquier industria en el país. “Colombia debe concentrarse en la política minera desarrollada este año y proyectarla no solo como un esfuerzo de momento, sino como una política de Estado con visión de largo plazo”, menciona Javier Quintana.

    En la actualidad, existen proyectos en curso de minería de oro a gran escala, y solamente si algunos de esos proyectos resultan exitosos se podrá demostrar a los inversionistas internacionales que vale la pena invertir en minería responsable y que Colombia respalda proyectos serios que cumplen con las condiciones sociales y ambientales requeridas. Existen muchos casos de éxito en la región que siempre han venido acompañados de responsabilidad empresarial y compromiso institucional.

    También es necesario desarrollar proyectos que generen confianza y respaldo por parte de la comunidad. La formalización de la minería también es un factor importante que debe arrancar desde el inicio del proceso de exploración. Con esto se logra un mayor entendimiento entre los interesados, es decir, el gobierno nacional y local, las comunidades y los entes reguladores, entre otros.

    Finalmente, las sinergias entre el nivel institucional y el sector empresarial son esenciales. Economías de escala en infraestructura, encadenamientos productivos, información sectorial y la generación de mejores capacidades tecnológicas resulta fundamental para construir confianza en un sector donde lo determinante es saber que las inversiones están puestas en el lugar correcto”, concluye Quintana.

     

    Por: Paisminero.co / 


     


     

  • Minerales En Mano1El presidente de la SNMPE señaló que la Alianza del Pacífico se debe convertir en una plataforma de promoción para el sector minero.

    Perú, Chile, México y Colombia son los países que integran la Alianza del Pacífico y tienen, en conjunto, una cartera de proyectos mineros que demandará una inversión estimada en USD 252.372 millones durante los próximos 10 años, informó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Luis Marchese. Explicó que en el caso de Perú se tienen identificados 47 proyectos mineros que demandarán una inversión aproximada de USD 49.472 millones, de los cuales el 64.7% corresponden a cupríferos, 10.7% a hierro y 12.8 % a polimetálicos, así como 3.6 % a emprendimientos auríferos.

    El presidente de la SNMPE, quien hoy participa en la mesa de trabajo denominada “Retos y Oportunidades para la Minería en los Países de la Alianza del Pacífico”, en el marco del Perumin 33, comentó que en la actualidad Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, cuarto de plomo y sexto de oro y estaño.

    Asimismo, dijo que la minería peruana que en el año 2016 registró inversiones por USD 4.251millones, generando 184 mil empleos directos y más de un millón de indirectos; y a su vez representa el 59% de las exportaciones totales de Perú.

    Añadió que Chile tiene para los próximos 10 años una cartera de inversión minera de aproximadamente USD 65.000 millones en 47 proyectos mineros, y esta nación se ubica como la primera productora mundial de cobre, la segunda de molibdeno y la cuarta en plata.

    “La industria minera de Chile captó inversiones por más de USD 6.800 millones al cierre del año 2016 y brinda empleo directo a 208 mil personas”, recordó.
    Por su parte, México, que es el primer productor mundial de plata, quinto de plomo y zinc, octavo de oro y décimo de cobre, tiene identificados 55 proyectos mineros que demandarían una inversión estimada en USD 130.400 millones.

    El presidente del gremio minero energético expresó que la minería mexicana registró inversiones por USD 3,752 millones el año pasado y dio empleo a más de 354 mil personas.
    Por su parte, Colombia espera captar inversiones que bordean los USD 7,500 millones en los próximos cinco años, a fin de desarrollar este sector que tiene un alto potencial.

    Marchese manifestó que la minería en los países de la Alianza del Pacífico enfrenta desafíos comunes como la necesidad de fortalecer la institucionalidad, cerrar el déficit de infraestructura, evitar la sobrerregulación y trabajar juntos en lo que respecta a capital humano e innovación tecnológica.

    “En la Alianza del Pacífico nos encontramos importantes países productores de metales del mundo y unidos nos permitirá diseñar políticas conjuntas que permitan asegurar la sostenibilidad y competitividad de la industria minera, tarea en la que deben estar plenamente comprometidos nuestros gobiernos”, refirió.
    En ese sentido, afirmó que la Alianza del Pacífico se debe convertir en una plataforma de promoción para el sector minero, el cual es un importante socio estratégico de los países que integran este bloque, pues su aporte contribuye al desarrollo económico y al cierre de las brechas de desigualdad social.

    Fuente: Gestión Perú - Grupo El Comercio

     

     

  • Mineria Ilegal BajocaucaPor: Silvana Habib Daza / Presidenta de la Agencia Nacional Minera
     
    La extracción ilegal es la enemiga del medio ambiente
     
    Trabajar en el sector minero en un país como Colombia envuelve altas dosis de sacrificio, enorme capacidad de resiliencia, firmeza, serenidad, paciencia, imperturbabilidad, impasibilidad, aguante y todo lo que sea una entereza total de ánimo.
     
    Es como si el espíritu férreo de los mineros, que a diario perforan la tierra, los mismos que con sus rostros llenos de polvo escapan al miedo a las alturas o a las profundidades, nos llenara cada día de fuerzas para pensar en la minería. Como si su valor, resistencia y vigor invitaran a ponernos las botas para trabajar, y el casco para pensar en una “Colombia Minera”.
     
    Poniéndolo en términos mineros, es como si el tenor de nuestro sector no se desgastara, sino que por el contrario la industria le sacara brillo a su entereza, y quilates a sus problemas. Y es que no es para menos: más de 350 mil personas se dedican directamente a labores mineras legales en el país y más de un millón se favorecen por encadenamientos productivos con origen minero.
     
    La industria minera ha generado importantes beneficios para el país y las regiones. Este sector es el 2 % del PIB nacional y aportó más de 8 billones de pesos en regalías desde 2012, una contribución importante a los ingresos del Estado y a los presupuestos de inversión en las regiones, en temas como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Hoy estamos en un momento histórico en el que la minería y sus regalías, son igualmente una oportunidad para la paz. Por medio de estos recursos podemos financiar gran parte de las estrategias que necesitamos para construir un nuevo país, nuestra industria extractiva puede ser la veta para la financiación de nuestro nuevo comienzo. Sin embargo, y pese a la labor incansable, ininterrumpida, y comprometida de quienes conforman la institucionalidad minera, la industria extractiva legal o minería bien hecha, ha sido golpeada injustamente y de manera continua por la falta de información, o peor aún, por la desinformación. En Colombia existen actualmente 8.971 títulos mineros vigentes, equivalentes al 3,9 % del territorio, unas 4,4 millones de hectáreas, de las 114 millones que tiene el país. De esas, solo 2 millones están en explotación, y unas 500 mil están intervenidas. Esa es la verdad oficial en cifras sobre minería legal en nuestro país, nada que ver con el monstruo de la megaminería con que quieren estigmatizar al sector en muchas regiones del país.
     
    Igualmente muchas de las teorías contra el sector y quienes lo integramos, afirman que la minería legal es enemiga del medio ambiente, a lo cual también le cabe una gran dosis de desinformación, pero ninguna explotación minera legal puede funcionar sin el permiso de la Autoridad Ambiental, lo que implica que tampoco se hacen labores mineras donde ellos a su vez lo prohíban, respetando las fuentes hídricas y los ecosistemas. La minería legal es una actividad fiscalizada y regulada por el Estado.
     
    Además del desconocimiento y del oscurantismo antiminero, la actividad extractiva legal tiene otros grandes y poderosos enemigos como la explotación ilícita de minerales, un delito al que equivocadamente le han llamado “minería” ilegal. Cada día las empresas mineras legales pierden espacio y capital frente a este atroz delito, al tiempo que el Gobierno deja de recibir ingresos que serían fundamentales para la puesta en marcha de programas sociales, infraestructura o educación de millones de niños y niñas. La explotación ilícita no es minería. La minería es una actividad productiva que trae desarrollo para el país. La explotación ilícita de minerales es un delito que trae pobreza, contaminación y problemas sociales a las regiones.
     
    Ignorar el flagelo de la explotación ilícita es ignorar que sus ganancias son en gran parte el dinero que deja de percibir el Estado por impuestos y regalías, es ignorar que son fuente de empleo informal que incluye explotación laboral y trabajo infantil, es ignorar que financian en muchos casos organizaciones al margen de la Ley. La explotación ilícita no es otra cosa que el robo de los recursos al Estado. Nos están robando a todos.
     
    El otro reto en este aspecto es combatir la tolerancia a estas prácticas, especialmente en municipios productores de oro y piedras preciosas: sin el concurso de la comunidad, y una cultura de la legalidad, la lucha contra este flagelo y todos los mecanismos que impulsemos como gobierno, van a ser infructuosos.
     
    Debemos cerrarles la “bocamina” a quienes vienen a saquear las riquezas de nuestro subsuelo. El Gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía, articulado con las demás entidades del Estado, viene desarrollando procesos de formalización para los pequeños mineros. Formalizar a quienes vienen haciendo históricamente minería artesanal, tradicional, y de hecho, es el camino para ser incluyentes con aquellos que quieren hacer las cosas bien, aportar al país y crecer como empresarios. No podemos permitir que la explotación ilícita le robe el protagonismo a la minería bien hecha. Vamos a seguir en pie de lucha contra este delito. La Fuerza Pública viene dando golpes contundentes, pero paralelamente como institucionalidad minera vamos a seguir hablando, construyendo, acompañando y apoyando al sector minero legal. A los colombianos, los invito a ponerse el casco por la minería bien hecha, una industria que aporta diariamente para el bienestar, progreso y desarrollo de las regiones.
     
    * Presidenta de la Agencia Nacional Minera
     
    Fuente: Elespectador.com
  • Mercurio 2El viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, durante la realización de la mesa permanente de minería que se realizó este martes en el Chocó, propuso crear una ruta, junto al Ministerio de Ambiente, para eliminar el uso del mercurio en la minería del departamento y que es el causante de graves impactos para el medio ambiente y habitantes.
     
    “Estamos dispuestos a poner los recursos que sean necesarios para que los pequeños mineros y aquellos mineros que quieran hacer las cosas bien no solo entren por la ruta de la legalidad también eliminen el uso del mercurio que tanto daño le hacen a los sistemas chocoanos”, manifesto el viceministro.
     
    Este evento fue organizado por la Gobernación del departamento, también participó la Agencia Nacional de Minería.
     
    Por: Paisminero.co
     
  • Mina BoyacaDesde 2010, el tribunal ha proferido 25 fallos relacionados con el sector. Solo dos a favor.

    Que la inversión extranjera en el sector minero se haya descolgado un 46,9 por ciento en el 2014 y que un año después, en el 2015, la situación se haya agravado y los flujos desde el exterior para la actividad se hayan desplomado un 66,2 por ciento anual, al bajar a los 533 millones de dólares, no es la mayor preocupación de los directivos de esta industria, ni mucho menos que los precios del carbón o del níquel hayan bajado un 32 y un 48 por ciento, respectivamente, entre el 2013 y el 2015. (Lea también: La Corte Constitucional busca proteger a los más vulnerables)

    Hoy, más allá de estas limitaciones de recursos, los ejecutivos de las principales compañías productoras de carbón, ferroníquel, oro e incluso del sector petrolero en el pasado reciente se inquietan por los indicadores de las decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la alguna vez llamada locomotora minero-energética y petrolera, la cual hoy afronta un serio declive.

    Un análisis realizado por el sector a los fallos del Alto Tribunal entre el 2010 y el 2016 deja en evidencia que en los últimos años ha subido la incertidumbre jurídica, debido a que la gran mayoría de las decisiones han sido adversas a sus intereses.

    Según las cuentas, en ese periodo la Corte Constitucional ha proferido 25 fallos relacionados con el sector, de los cuales más del 90 por ciento han representado decisiones adversas a las compañías y que, en la mayoría de los casos, han revocado decisiones en el sentido contrario tomadas por distintos tribunales.

    A los directivos mineros y a sus asesores jurídicos les llama la atención el hecho de que de esos 25 fallos hubo 24 procesos de tutela que fueron seleccionados en salas de revisión, pero de estos solamente en un caso se seleccionó una tutela en la cual una empresa del sector minero fue demandante (DB SIG Geólogos Consultores Ltda.).

    Sin embargo, mediante sentencia T-474 del 2011 se resolvió en contra de sus pretensiones. Para un consultado, este resultado evidencia que existe una tendencia de la Corte a no seleccionar la revisión de tutelas en las que la parte demandante es una empresa del sector. Incluso, una fuente del sector señala que al interior de la misma Corte hay voces que señalan que no solamente la reciente declaración de inconstitucionalidad del artículo 37 del Código Minero (que prohibía a las municipios excluir zonas de minería) o la decisión de esta semana de declarar inexequible la reserva de más de 20 millones de hectáreas como zonas estratégicas marcan el rumbo del alto tribunal en materia minera.

    El consultado se refiere a las sentencias C-035 del 2016, sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2016, que fue declarado inexequible en aspectos mineros, la no existencia de derechos adquiridos en materia de usos del suelo (sentencia C-192 del 20 de abril del 2016) y la decisión sobre la reserva de información geológica (sentencia C-221 del 2016), entre otras.

    “La Corte Constitucional, lo más alto que hay en el nivel judicial del país, está legislando no en derecho sino de acuerdo a los sesgos ideológicos de sus magistrados. Esto representa para el sector no solamente algo muy peligroso, sino que genera mucha inestabilidad”, señaló un alto directivo minero.

    Al respecto, un exmagistrado le dijo a EL TIEMPO que la tendencia de seleccionar tutelas a favor de las comunidades busca “proteger los derechos de la parte más débil”.

    Incluso, al interior de la Corte también es visible, según la fuente, que hay un grupo con una ideología contraria a la minería, conformado por la actual presidenta, María Victoria Calle, y los magistrados Jorge Iván Palacio, Alberto Rojas Ríos y Gloria Stella Ortiz, junto con el magistrado Luis Ernesto Vargas.

    En febrero, cuando se prohibió la minería en páramos, la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, advirtió que el alto tribunal no es indiferente a la importancia de ciertos proyectos de desarrollo acordados entre organismos del Estado y los particulares, pero que en la Constitución, aunque no está previsto un determinado modelo de desarrollo económico, sí hay algunos límites fundamentales que deben respetarse.

    Algunos casos

    Entre los fallos más sonados de la Corte Constitucional sobre el sector minero aparecen la sentencia C-672 del 2014, en la que se revocó una tutela del Tribunal Administrativo del Cesar y se le concedió a Karen Johanna Vergara y a otras 138 personas el amparo de sus derechos a la intimidad, la tranquilidad y a la salud.

    Para ello, se le ordenó a la firma Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco) suspender el transporte del carbón desde el Cesar hasta los puertos de Ciénaga (Magdalena).

    Fenoco recibió la orden de reducir el coeficiente de rozamiento y controlar el ruido mediante pantallas acústicas u otro tipo de aislamientos que permitan la absorción de ondas sonoras para mitigar los efectos sobre las comunidades. Este fallo lo profirieron los magistrados Palacio, Ortiz y Jorge Pretelt.

    Y a esta misma empresa, el año pasado la Corte le revisó un fallo de tutela del Tribunal Administrativo del Magdalena del 2014, el cual negó un amparo ante la posible vulneración de la consulta previa y decidió que, si bien no se violó este derecho fundamental a los consejos comunitarios de los municipios de Zona Bananera, Fundación y Algarrobo (Magdalena), sí se vulneró su derecho a la participación y el derecho a un medio ambiente sano.

    Por ello, en la sentencia T-660 del 2015 la Corte le ordenó a Fenoco realizar un plan de mitigación de efectos sociales, ambientales y de seguridad, fijando métodos para evitar que el ruido, el polvillo del carbón, el bloqueo de los pasos a nivel y la marcha del tren de noche afecte a la población.

    Este fallo estuvo a cargo de Jorge Pretelt, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas (hizo aclaración de voto).

    Además, con la sentencia C-035 del 2016, la Sala Plena de la Corte eliminó la posibilidad de que los proyectos declarados como Pines (de interés nacional estratégico, entre los que hay iniciativas de energía, viales y petroleras) hicieran su trámite de licenciamiento ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

    Y en el caso de las zonas de reserva minera, los magistrados que decidieron fueron Gloria Stella Ortiz, Jorge Iván Palacio y Gabriel Eduardo Mendoza.

    Impacto en la inversión

    El presidente de la minera Cerrejón, Roberto Junguito, dice que no solo las decisiones de la Corte producen inestabilidad, pues en el proyecto del desvío parcial del arroyo Bruno, para expandir el área de explotación, tras haber hecho el proceso que mandan las instituciones y cuando está todo en curso, se pararon las obras ante la decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira, que pidió consultar a la comunidad de Campo Herrera, lo cual no se hizo luego de un concepto del Ministerio del Interior.

    “Se genera una situación de inestabilidad muy compleja que puede tener un impacto ante los inversionistas, pero en el caso del sector extractivo es lo que está pasando en muchos proyectos”, indicó.

     

    Fuente: Eltiempo.com

  • Inversion EconoEl Gobierno de Colombia se suscribió a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Eiti) e identificó precisamente a la transparencia como un punto de partida para el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
     
    El objetivo de la Upme, unidad administrativa adscrita al Ministerio de Minas y Energía, consiste en la planeación integral del sector minero energético, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos.
     
    Colombia fortalecerá la toma de decisiones de políticas sectoriales, la gestión de la información para la prestación eficiente de servicios y las prácticas de fiscalización y control en el sector minero energético con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
     
    El crédito que fue firmado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, y el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, por US$30 millones apunta al fortalecimiento institucional del sector minero energético para mejorar su transparencia y eficiencia.
     
    De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, “en este sector existen debilidades institucionales para generar, compartir y utilizar la información relativa a la actividad minero energética. Estas deficiencias limitan la capacidad de las autoridades para planificar, brindar servicios y controlar la actividad del sector, e inhiben el ejercicio de rendición de cuentas en favor de la ciudadanía”.
     
    Según el jefe de la cartera de Hacienda, “vamos a seguir mejorando la administración de los recursos que vienen del sector minero energético”.
     
    En adición, Cárdenas Santamaría indicó que los acuerdos se negociaron en condiciones favorables y competitivas y permitirán aprovechar el valor agregado y el acompañamiento técnico previstos en las operaciones financiadas con la banca multilateral.
     
    Al respecto, el principal beneficiario será el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas. 
     
    Entre otros componentes del proyecto, según el comunicado del BID, se prevé el diseño e implementación de un tablero de comando estratégico y un módulo de inteligencia de negocios. 
     
    También se buscará una reingeniería de los procesos institucionales de la Agencia Nacional de Minería. Asimismo, se fortalecerá a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) para ofrecer datos completos e integrados que permitan una mejor planificación y prestación de servicios de información al resto de instituciones del sector.
     
    En favor de la transparencia, este programa contempla, entre otros, revisar y mejorar la información disponible en el módulo de fiscalización de la plataforma MapaRegalías, cuyo objetivo consiste en visualizar la recaudación y las inversiones financiadas con recursos provenientes de las industrias extractivas.
     
    El crédito tiene un plazo de amortización de quince años y una tasa de interés basada en Libor.
     
    En la firma del crédito también participó el ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, quien afirmó que el objetivo del crédito es mejorar la eficiencia de los procesos de planeación, gestión de la información y control del sector minero energético.
     
    Así mismo, González Estrada sostuvo que “esta cifra, invertida adecuadamente en temas de información, va ser revolucionaria para el sector. Con estos recursos haremos temas de seguimiento, procesos, procedimientos y control de tiempos para titulación minera, esto significa orden a la minería”. 
     
    Además, puntualizó el alto funcionario que con este crédito el país logrará más orden en la minera, mejor conocimiento del subsuelo y avances para que la riqueza de este ayude a combatir la pobreza del suelo del país.
     
    Fuente: Elmundo.com
Links to Best Bookmaker Bet365 it The UK