Análisis : Que no se nos vayan las luces

La demanda de electricidad está creciendo de manera acelerada.

Si algo no ha faltado en Colombia a lo largo de los meses pasados, es la lluvia. Tal como lo señaló el Ideam en la semana que termina, la conjunción de la temporada invernal con el conocido fenómeno climático de la Niña viene trayendo precipitaciones muy superiores a la media histórica.

Como consecuencia, el número de damnificados sigue en aumento sin que haya respiro a la vista. La previsión para noviembre muestra más de lo mismo, lo cual tiene en alerta a las autoridades en más de la mitad de los departamentos, mientras el Gobierno Nacional se apresta a invocar la figura del ‘desastre natural’, que le permitirá hacer traslados presupuestales para atender emergencias.

Los elevados niveles de pluviosidad también impactan al sector de generación de energía, que cuenta en abundancia con el ‘combustible’ más barato de todos: el agua. En términos prácticos, las plantas hidroeléctricas ubicadas en distintos lugares de la geografía se encuentran operando casi al máximo de su capacidad, por lo cual su horizonte parece despejado en medio de tantos nubarrones de todo tipo.

Según las estadísticas que maneja XM, el nivel de los embalses utilizados para generación se encuentra en 86,5 por ciento en promedio, una cifra históricamente elevada. En Antioquia, que alberga las presas más importantes, dicho indicador es del 100 por ciento, como lo atestiguan quienes van a lugares conocidos como El Peñol.

Ante semejante estadística, suena contradictorio que los que saben de estos temas hablen de un riesgo que para la mayoría de los ciudadanos resulta difícil de creer. Se trata de un eventual racionamiento que podría afectar a algunas zonas en particular o al país en general.

Nada de ello, aclaran los expertos, ocurrirá de manera inminente. De hecho, la anhelada entrada de Hidroituango al sistema interconectado servirá para alejar los temores inmediatos, en la medida en que se cumplan los compromisos adquiridos.

No obstante, las alertas sobre un problema serio están en franco aumento. Desde una mala pasada del clima hasta atrasos significativos en los cronogramas de las obras en marcha o un daño sorpresivo en una planta pueden cambiar el panorama de manera radical.

Con el fin de minimizar las probabilidades de una crisis, lo usual es contar con un margen de acción amplio. Pero ello requiere examinar escenarios y tomar correctivos con anticipación, a sabiendas de que nada sucede de la noche a la mañana.

En ese propósito no ayuda que la dirección de la Unidad de Planeación Minero Energética, adscrita al Ministerio de Minas, siga vacante. Tampoco que las señales que reciben las diferentes empresas sean negativas pues las incertidumbres en torno a tasa de cambio, tasa de interés o reglas del juego de la actividad están a la orden del día, algo que afectará los planes de inversión actuales y futuros.

Un infante travieso

Mientras las dudas abundan, aparecen los llamados de atención. El primero tiene que ver con el retorno del Niño, cuya causa es el alza en las temperaturas en la zona de confluencia intertropical en el océano Pacífico y que se traduce en tiempo seco en la mayoría del territorio colombiano.

Y es que, al cabo de tres años de temporadas invernales muy superiores a la media, suben las posibilidades de que en 2023 las condiciones sean bien diferentes a las de ahora. En caso de ser así, la ventaja es que los embalses cuentan con buenas reservas que en condiciones normales servirían para pasar la prueba sin mayores sobresaltos, aparte de que hay un colchón de buen tamaño en lo que atañe a capacidad de generación.

Sin embargo, la demanda de electricidad está creciendo de manera acelerada. Tanto, que supera con creces el escenario identificado en 2021. La buena dinámica de la economía colombiana en estos meses tiene mucho que ver en esa situación y aunque el año que viene todo apunta a un ritmo sensiblemente más moderado, las cosas se pueden complicar más adelante.

“El balance a 2025 nos dejaría un margen de reserva de energía en firme menor al 2 por ciento, el cual dejaría de existir en 2026”, subraya Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén. “Como los proyectos tardan al menos cuatro años en construirse, es aconsejable actuar pronto”, agrega.

A lo anterior se suman las potenciales sorpresas desagradables. Usualmente, las hidroeléctricas atienden cerca del 80 por ciento del consumo, pero cuando el agua comienza a escasear se utilizan de manera más intensa las que se nutren de otras fuentes.

Hoy en día, Colombia cuenta con un potencial instalado de 17,7 gigavatios que nunca se utiliza en su totalidad, porque está diseñado para ser más grande que la demanda. El esquema privilegia las alternativas menos costosas y deja a las más caras como opción de respaldo.

Por ello existe el llamado cargo por confiabilidad, el cual garantiza que, si es necesario prender una planta, esta arrancará sin problema. De tal manera, en algunos momentos del pasado las termoeléctricas –movidas por gas, carbón o combustibles líquidos– han llegado a representar el 45 por ciento de la oferta durante cortos periodos.

Pero no todo sucede como está programado. Tomás González, quien fuera ministro de Minas cuando el país sufrió el azote del Niño a comienzos de 2016, recuerda que de un momento a otro los imprevistos se convirtieron en su gran dolor de cabeza. Aparte de que un cable que se quemó sacó de circulación a la central de Guatapé, varias plantas registraron daños que hicieron más crítico el panorama.

“La lección que esa experiencia nos dejó es que hay que ser más ácidos en los supuestos sobre lo que puede salir mal y anticiparse a los problemas, siempre respetando lo que dicen los técnicos en estos asuntos”, agrega.

Afortunadamente, el país cuenta con buenos profesionales en la materia, que incorporaron las enseñanzas que dejó el apagón de 1992, cuando los cortes de luz alcanzaron las siete horas diarias. Ahora que las variaciones en los patrones climáticos son más extremas que tres décadas atrás, no estaría de más examinar escenarios más exigentes, con el fin de subir la guardia.
Retos y más retos

Parecería que, en cualquier caso, no es necesario perder el sueño respecto a un racionamiento. A fin de cuentas, en los próximos tres años la capacidad de generación aumentaría en 5,8 gigavatios, que cubrirían con creces los eventos más extremos.

Buena parte de ese salto vendrá por cuenta de los parques eólicos y solares que utilizan las ventajosas condiciones de luminosidad y viento que existen en ciertas áreas del territorio, como sucede en La Guajira. Bajo ese punto de vista, Colombia contará con una matriz energética todavía más limpia y será ejemplo de cómo se hace bien la transición hacia alternativas menos contaminantes.

El problema es que de poco sirve contar con las instalaciones si estas no se pueden aprovechar. En concreto, hay un problema de marca mayor en el desarrollo de las líneas de transmisión que son fundamentales tanto para unirse al sistema interconectado como para abastecer los principales centros de consumo.

Un caso extremo es el del proyecto Colectora, que consiste en tender 470 kilómetros de cable, más las debidas subestaciones, desde el norte de La Guajira hasta el Cesar. Aunque al ser adjudicado la fecha de entrega definida fue noviembre de 2022, el plazo debió ampliarse a febrero de 2025.

La razón no es otra que los procesos de consulta previa, los cuales han resultado mucho más extensos de lo que se pensaba. Parte del problema es que el número de comunidades que se identificó originalmente crece, con lo cual los tiempos se alargan.

Como resultado, los molinos de viento seguirán dando vueltas cerca del mar Caribe, pero los kilovatios producidos no llegarán a ningún lado a menos que el Gobierno tome cartas en el asunto y lidere acuerdos que permitan que las cuadrillas que construyen torres y ponen líneas vuelvan a sus labores.

Los cuellos de botella no solamente se presentan en dicha área. Bogotá también se enfrenta a restricciones significativas debido al retraso de tres años en un par de iniciativas que atraviesan partes de Boyacá y Cundinamarca, las cuales han despertado el rechazo de varias comunidades o propietarios de predios.

De no sortearse los obstáculos, a mediados de la década la capital también sufriría apagones por la sencilla razón de que las instalaciones actuales llegarían a su tope. Tampoco es fácil la situación entre el Valle y Antioquia, donde otro eslabón clave sigue pendiente por las mismas razones.

¿Dónde está el piloto?

Ninguno de los retos señalados es nuevo, pues varias de las dificultades mencionadas se han incubado durante años. Aun así, al gobierno actual le corresponde identificar soluciones y allanar el camino, si no quiere enfrentarse a un lío de marca mayor que le caería muy mal al bienestar de los ciudadanos y afectaría la marcha de la economía.

En el corto plazo lo que se requiere es disminuir algunas tensiones. Aparte de que el alza en las tarifas y la definición de esquemas que les permitirán cierto alivio a los usuarios dejó la sensación de que unos ayudaron más que otros, la iniciativa de una sobretasa en el impuesto de renta a ciertas generadoras causó una clara incomodidad.

Debido a ello es indispensable mejorar el entendimiento mutuo entre operadores y la administración Petro, dándole más peso a lo técnico que a las posturas ideológicas. De lo contrario, las posiciones antagónicas acabarán afectando la confiabilidad del sistema y su propia solidez frente a un comportamiento adverso de la hidrología, que sigue y seguirá siendo la columna vertebral de la oferta de kilovatios.

También es indispensable planear bien una nueva subasta que defina cómo será la expansión en la última parte de la presente década, lo cual demandará recursos cercanos a los 2.000 millones de dólares anuales. Así las obras las inaugure otro presidente, al de ahora le corresponde la responsabilidad de trazar la senda en un segmento que está en plena evolución tecnológica.

No menos importante es manejar los problemas. Superar el cuello de botella que impide cumplir con los cronogramas de expansión de la red de distribución implica no solo encauzar los diálogos con múltiples comunidades, sino ojalá racionalizar las consultas previas que en más de un caso se convirtieron en el negocio de unos pocos. La promesa de que estas serán vinculantes tienen tanto de largo como de ancho y constituyen otro factor de incertidumbre.

Asegurar el abastecimiento de gas es otro punto clave, sobre todo ante la perspectiva de una caída en la producción interna. Los programas de ahorro voluntario y de búsqueda de mayor eficiencia se vuelven cruciales desde ya, pero falta un guion convincente.

Cualquier paso en falso hará mucho más complejo el avance de la transición energética, que es uno de los programas bandera de la administración Petro y que, según los principios establecidos por el Ejecutivo, deberá ser justa, gradual, segura, incluyente, participativa, responsable e intensiva en conocimiento. Más parques solares y eólicos implicarán más permisos, más consultas y más redes de transmisión.

Convertir a Colombia en una potencia regional, que no solo les permita ser más competitivos a los productores locales, sino exportar electricidad a otros mercados, es un objetivo posible en la medida en que los inversionistas tengan confianza en el marco regulatorio y la estabilidad jurídica. Precios atractivos por cada kilovatio dependerán de un parque de generación amplio y moderno, en el que convivan varias opciones.

Nada eso sucederá si en lugar de una conexión exitosa entre los diferentes participantes del sector aparecen uno o varios corto circuitos. Por eso hay que encender las alertas a tiempo, para que se tomen una serie de correctivos más temprano que tarde y no se nos vayan las luces, literalmente hablando.

Fuente: El Tiempo / Ricardo ÁvilaMPO