log in

De Interés Ambiental

Análisis: ¿Agua o petróleo? I PARTE

0
0
0
s2sdefault

¡Van 1.301 atentados a oleoductos en 30 años! 

CONTINGENCIA TUMACO¿Agua o petróleo?parecería ser la pregunta puesta a consideración de todos, de un tiempo para acá. Así que a partir de varias entregas relacionadas con esta cuestión, pretendo abordar las diferentes problemáticas sociales, económicas y desde luego ambientales; para determinar si es o no la pregunta correcta. Iniciando por los atentados a la infraestructura petrolera, que considero son un cáncer para nuestros ecosistemas y para el desarrollo económico del país. 

Han sido 30 años, de resiliencia para la Industria del transporte de hidrocarburos “Midstream” en Colombia, pues pese a los antecedentes y que para lo transcurrido de éste año, sean 11 los atentados a la infraestructura, en seis oportunidades Caño-Limón Coveñas y 5 veces, la tubería de los sistemas Trasandino y Monsoya-Orito. (Oleoductos “tradicionalmente” atacados por el ELN, y que representan los sistemas de evacuación de crudos, más grandes del país por capacidad de transporte y extensión). Las cifras de producción se mantienen prácticamente intactas. Ver, ¿Hasta cuándo aguantarán los oleoductos colombianos? https://www.dinero.com/pais/articulo/consecuencias-de-atentados-terroristas-a-oleoductos-en-colombia/267099

OLEODUCTOS

http://serviciocliente.ecopetrol.com.co/contenido.aspx? catID=127&conID=36123&pagID=127174

¿Qué ha pasado? Desde el primer atentado a la infraestructura petrolera ocurrida en 1965, cuando el ELN atentó contra un oleoducto de la compañía Cities Services Intercol, cerca de Barrancabermeja, la Industria ha tenido que  lidiar con paradas operativas extensas de más de 30 días calendario. Calcular las pérdidas diarias por el terrorismo es complejo, pero en 2017 a causa de los atentados del ELN a la infraestructura petrolera nacional, el país dejó de producir 1.667.160 barriles. Teniendo en cuenta que la producción diaria promedio de ese año, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fue de 853.000 barriles.

Colombia dejó de percibir 266.287 millones de pesos en producción de petróleo, según cifras de la Energy Information Administration, de la utilidad que quedaría de esos recursos para las petroleras, entre el 65 y el 70 % llegaría en forma de impuestos, regalías y dividendos al Tesoro Nacional.

En informe del CEPAL de 2013, se hace mención a que Colombia, podría convertirse en importador neto de petróleo debido a la disminución de la producción y a los atentados a la infraestructura petrolera, generadores de inestabilidad en las operaciones comerciales que se den con remitentes nacionales, vecinos y dentro de un mercado de exportaciones, afectando el desarrollo del sector. 

Este pequeño análisis económico es relevante, en dos sentidos 1) debido a que cada atentado afecta los bolsillos de todos, no solo de la Industria. Recordemos que el aporte de la Industria a las finanzas públicas ha sido determinante, girado a la Nación entre dividendos, impuestos y regalías más de  106,6 billones de pesos en los últimos 6 años. Solo en regalías les aportó a las regiones del país 33 billones de pesos, un promedio de casi 7 billones por año y 2) la relevancia jurídica de ésta actividad, pues el transporte de petróleos y sus derivados constituye un servicio público, de conformidad con los previsto en el Artículo 212 del Decreto 1056 de 1953 del Código de Petróleos, ratificado como servicio público por los Decretos 1521 de 1998 y 4299 de 2005 del Ministerio de Minas y Energía, dado que esta actividad ha sido considerada como de utilidad pública conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 1056 de 1953 del Código de Petróleos y en el Artículo 1° de la Ley 1274 de 2009.

En cuanto a los impactos ambientales, hay que decir que Colombia, por su localización geográfica y las condiciones especiales de su territorio debido a su amplio número de vertientes, abundancia de ríos, variedad de lagos, extensas zonas marinas y continentales, poseedor de una gran biodiversidad y por consiguiente obligado a su preservación, es un país potencialmente vulnerable a eventos de origen natural y antrópico con la consiguiente probabilidad de ser afectado por contaminación proveniente de derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas a lo largo y ancho de su territorio.  Las voladuras han ocasionado derrames a quebradas, caños y ríos. Por nombrar un ejemplo, en la zona del Catatumbo, se han puesto en riesgo ecosistemas donde habitan más de 20 especies de mamíferos, 30 de peces, 15 de reptiles y 20 de anfibios.

Bajo este supuesto, Colombia desde el Decreto 321 de 1999 adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas,  cuyo desarrollo normativo ha sido importante y el compromiso de las empresas del sector vital, para poder contrarrestar los efectos de estos hechos violentos. A groso modo, todo este desarrollo normativo apunta a garantizar la  responsabilidad de Atención del Derrame, la cual será definida por las autoridades ambientales competentes, de acuerdo a los procedimientos fijados por las normas vigentes, la exigibilidad de activar protocolos de seguridad, recolección de información de las sustancias nocivas que puedan afectar cuerpos de agua para su posterior análisis químico; determinar el responsable de la instalación, operación, dueño de la sustancia o actividad de donde se originó el derrame, así como la respuesta integral en la atención del mismo. Que no se limita al control de la mancha a través de las paredes de contención, y los procesos de succionamiento por skimmer a las piscinas, por ejemplo, sino a la remediación, medio ambiental en los términos de la licencia otorgada, para el tramo afectado.

Existe también, un análisis de riesgos y capacidad de respuesta.  Que exigen las autoridades a las empresas del sector, como base fundamental para la formulación de los planes de contingencia y establecer la identificación y conocimiento de las áreas críticas, entendidas como los sitios donde los recursos naturales son de alto valor ecológico, comercial o turístico, sensibles a la presencia masiva de un derrame y susceptibles en alto grado, a la ocurrencia de voladuras a la infraestructura y que permiten la planeación de los niveles de respuesta ante contingencias, así como la organización del capital humano y técnico para responder.

Con la puesta en marcha del Plan Nacional de Contingencia, cumple el país sus compromisos internacionales y regionales, con la Comisión Permanente del Pacifico Sudeste y con el Convenio del Gran Caribe, con los cuales está en condiciones de integrarse para ejecutar planes regionales de contingencia, que den una mayor cobertura de protección o de respuesta contra la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas en el medio marino.

La Resolución 1209 de 29 de junio de 2018, adopta los términos de referencia únicos para la elaboración de los planes de contingencia para el transporte de Hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas de que trata el Decreto 1076 de 2015, exige un periodo de renovación de 4 años y la ratificación de la exigibilidad  de simulacros durante el año, para los diferentes niveles de emergencia detectados en 30 años de violencia.

LEY

Esto ha ocasionado, que los planes de Contingencia hoy en día, sean robustos y lamentablemente las empresas dedicas a responder a las contingencias del sector, estén más que preparadas técnicamente, pues como se advirtió al principio, los atentados han sido reiterados para caño limón y  Trasandino. Han sido necesarias inversiones en nuevas tecnologías, así como la articulación de los  oleoductos (5.000 kilómetros donde se destacan el Oleoducto Caño Limón Coveñas, el Oleoducto Bicentenario y el Oleoducto de los Llanos, entre otros); para mantener activo el transporte de crudo a pesar de cualquier eventualidad. Replanteando los puntos de entrada y salida del transporte, lo que ha llevado  a que la producción se mantenga continúa. Por lo que algunos expertos pronostican que Colombia alcance a Venezuela en niveles de producción de hidrocarburos en el mediano plazo. Eso era impensable hace años, como refirió el CEPAL. Por lo que los atentados a la infraestructura petrolera, no serán un obstáculo para que el cumplimiento de este objetivo; de manera que los argumentos de la insurgencia enmascaradas en el  “pillaje” de las multinacionales y las fuerzas mercenarias del estado jerárquico Colombiano; son, lo que son, una forma de presionar a las empresas petroleras para el pago de extorsiones y una estrategia para mostrarse como una guerrilla aún relevante, fuerte y vigente de cara a las negociaciones de paz con el gobierno.

Así las cosas, como Estado nos corresponde rechazar enfáticamente, estos hechos perpetuados por los grupos insurgentes, al atentar contra nuestro patrimonio natural y económico, del cual tenemos que apropiarnos.

¿Cómo trabajar en lo anterior?, sobre el empoderamiento de nuestros recursos naturales, hay claros avances, que complementaría de sustento técnico y dentro de la interpretación constitucional de la Corte.  Para el componente económico, considero que los planes de gestión social (PGS), juegan un papel crucial, pues el acercamiento que se tenga entre empresarios, zona de influencia, y gobierno local, durante cada una de las fases del proyecto, permitirá una comunicación directa, sobre los objetivos y los beneficios para la Comunidad, así como la garantía estatal, de que aspectos como las regalías, lleguen a dónde tienen que llegar.

Katherine Castaño

Blogger / Abogada

 

 

Links to Best Bookmaker Bet365 it The UK