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De Interés Ambiental

Gobernar el agua

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WaterEl país tiene que mejorar la gestión de este recurso, una tarea que debe ser de todos.

La gobernanza del agua en el país tiene tantos desafíos como posibles rutas para un manejo más sustentable del líquido vital. El más reciente ‘Estudio nacional del agua 2018’, presentado esta semana con ocasión del Día Mundial del Agua, mostró que su demanda aumenta en Colombia, así como también creció la vulnerabilidad de muchos municipios ante posibles desabastecimientos. El diagnóstico, entonces, insta a que haya una mayor conciencia ciudadana y una férrea voluntad política para gobernar mejor este recurso.

No obstante nuestra riqueza hídrica, una gestión desordenada, poco técnica e inequitativa plantea un panorama aún bastante complejo respecto a su manejo. Por mencionar algunas cifras, cerca de 350 municipios no tienen acceso a agua potable, alrededor de otros 400 son susceptibles de sufrir desabastecimiento y, como reveló este diario, al menos 6,2 millones de colombianos reciben en sus casas agua que representa un alto riesgo para la salud.

Los retos con este precioso fluido van desde su nacimiento hasta su disposición. Las fuentes de abastecimiento enfrentan cada vez mayores presiones. Son preocupantes la deforestación, la erosión y la contaminación en las cuencas hidrográficas, principalmente las del sistema Cauca-Magdalena, en especial respecto a escenarios futuros en los cuales se proyectan eventos climáticos más intensos y extremos de variabilidad, agudizados por el cambio climático.

En el pasado, tanto el fenómeno del Niño como el de la Niña han dejado el país al borde del desabastecimiento o con grandes emergencias por inundaciones debido a la persistente pérdida de regulación hídrica de bosques y ríos.

Es claro que se necesitan mayores inversiones para fortalecer la conexión entre la protección forestal y el mantenimiento de los cauces municipales. Resulta esencial garantizar la protección de páramos y bosques de niebla, sin olvidar que allí habitan poblaciones de alta montaña que merecen también desarrollar sus actividades productivas y, a la vez, acceder dignamente al agua que ellas mismas conservan. No hay que perder de vista, por ejemplo, que tan solo 15 parques nacionales naturales contribuyen, directa o indirectamente, al abastecimiento de cerca del 50 por ciento de la población.

En cuanto al aprovechamiento, es clave incluir las proyecciones de demanda futura y saber qué implicaciones tendrá en los próximos años cada sector. Entre el 2012 y el 2016, el crecimiento de la demanda del agua fue cercano al 5 por ciento, en especial por el sector de hidroenergía, que aumentó su uso en un 17 por ciento. A su vez, el de agricultura sigue siendo el de mayor gasto, con cerca del 43 por ciento de toda la demanda nacional, aunque redujo su impacto respecto al comportamiento del 2014. Es necesario seguir promoviendo procesos de uso eficiente en estos sectores para que los actores privados reduzcan cada vez más su huella hídrica.

Urge también que el país pueda avanzar en la infraestructura del tratamiento de aguas residuales, como bien propone el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de disminuir los vertimientos que afectan en particular cuencas como la del río Bogotá y siguen deteriorando la calidad del agua. Para ello se necesita facilitar los mecanismos financieros –así como blindarlos de la corrupción– en el ámbito municipal.

De otro lado, como reporta el estudio, sigue siendo alto el vertimiento de mercurio en algunos ríos debido a la minería ilegal de oro, con unas 183 toneladas que llegaron al ambiente. La minería ilegal, como motor de amenaza para nuestros ríos, crece a pasos agigantados, y se requiere la acción militar para frenarla. De hecho, la consideración del Gobierno de salvaguardar los recursos hídricos como política de seguridad se ajusta a esta necesidad de mayor control ambiental. Sin embargo, más que una militarización de la conservación del agua, esta perspectiva debe llamar al fortalecimiento de los procesos de vigilancia que adelantan las corporaciones regionales.

Gobernar el agua –permitiendo su distribución, acceso y control equitativo y justo–, lejos de ser un asunto meramente técnico, es un gran reto político y ciudadano porque está en el corazón del desarrollo económico del país y, a su vez, en la base misma de los derechos humanos. La deuda en justicia hídrica, sobre todo con las comunidades rurales, debe llevar a potenciar los esquemas comunitarios de agua, que constituyen un paso en la construcción de paz y el mejoramiento de la salud de las comunidades.

No son pocos los asuntos pendientes en materia de gobernanza del agua. El desafío trasciende la responsabilidad gubernamental y debe involucrar a actores privados, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y a cada ciudadano que usa y necesita del indispensable líquido vital.


Fuente: Eltiempo.com

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