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Análisis - Contratos de conservación

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Por: Brigitte Baptiste

Una de las opciones que comienza a implementar el Gobierno actual para detener la deforestación es el pago regular a familias que puedan acreditar ocupación de un área ubicada dentro de las reservas forestales de Ley 2da y que no se traslapen con territorios colectivos o áreas protegidas, es decir, en unas 14 millones de hectáreas mal contadas. La idea es promover el uso forestal de la reserva… forestal (para lo cual se creó), persistente y sostenible, dentro de parámetros técnicos que deben ser establecidos por las autoridades ambientales.

Se trata de una iniciativa que recoge lecciones aprendidas de muchos sistemas de PSE (Pago por Servicios Ambientales) y que enfrenta numerosos retos, principalmente relacionados con la continuidad y efectividad del mecanismo, que siempre oscila entre un sistema populista de subsidios insostenibles y uno más efectivo de incentivos y emprendimiento. Ecuador tuvo su Programa Sociobosque financiado por el petróleo, una apuesta arriesgada que encontró pronto su techo ante la crisis económica, las contradicciones inherentes al uso de combustibles fósiles a largo plazo y los vaivenes de las economías, tal como ha sucedido con muchos sistemas pensados con lógica asistencialista más que de inclusión y generación de empleo.

Colombia ha tenido muchos esquemas, más bien creadores de clientelas electorales que de gestión compartida del territorio, con la excepción del modelo BanCo2, creado por Cornare hace más de una década, y mediante la cual empresas y personas transfieren recursos de diversas fuentes a familias rurales que se comprometen a cuidar el bosque en pie y proteger el flujo de servicios ecosistémicos que este provee.

El objetivo, reconocer el valor del bosque silvestre en pie y pagar, no con lógica utilitaria de mercado, sino solidaria con su administración y manejo, que claramente sólo pueden hacer quienes lo habitan: no bastan las imágenes de satélite en tiempo real o la acción militar para controlar la apropiación ilegal de tierras basada en la tala y quema de las selvas.

Se critica el pago a actores individuales pues el manejo de cualquier ecosistema a la escala requerida siempre implica acción colectiva, la cual se mina con un incentivo que puede ser perverso si no considera la asociatividad y compromisos compartidos entre ocupantes. En México y Guatemala el tema está resuelto hace años con sistemas de concesiones comunitarias, en Brasil con el modelo de Chico Mendes de reservas extractivas, pero en Colombia deben asociarse con el cumplimiento de los acuerdos de paz, ya que hay que definir si los contratos son mecanismos previos a una adjudicación y privatización de tierras, o por el contrario, son un mecanismo para promover el bienestar y la inclusión sin depender de un título perfecto de propiedad privada. La serpiente se muerde la cola…

Colombia necesita un nuevo pacto urbano rural y los contratos pueden ser la semilla de un proceso permanente de sostenibilidad con equidad, siempre y cuando haya un universo de actores y políticas concurrentes: desarrollo rural sostenible, con asistencia técnica forestal efectiva (sustentada en principios agroecológicos) y no para reproducir pobreza, finanzas de largo plazo, espacios para la construcción de gobernanza sin persecución ideológica, proyección operativa de las transiciones energéticas y alimentarias, y fomento, no solo respeto, a la multiculturalidad.

Fuente: Larepublica.co