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Informe: ' Minería ilegal de oro devora el equivalente a 83 mil campos de fútbol '

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Extracción Ilicita 1Líderes sociales, civiles inermes y miembros de la Fuerza Pública no son los únicos que están muriendo en medio del conflicto que se vive en Colombia. La explotación ilegal de oro y el narcotráfico han arrasado con miles de hectáreas de tierra y envenenado ríos, poniendo en riesgo el futuro ambiental del país.
 
Mientras usted lee esta nota, guerrilla, disidencias y bandas se tapan de dinero sacando el oro y la coca, a costa de la destrucción de cientos de hectáreas. Los narcocultivos alcanzan ya las 220.000 hectáreas y la extracción ilegal de oro en aluvión (excavaciones a cielo abierto) ya supera a la legal, con 59.012 hectáreas, el equivalente a unos 83 mil campos de fútbol.Estos son algunos de los resultados que encontró un geovisor desarrollado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (Diari), que, usando inteligencia artificial y tecnología de punta, estableció el daño ambiental que están dejando estas dos actividades clandestinas, que afectan incluso tres parques nacionales naturales: Puinawai, Paramillo y Farallones.

“La herramienta permite tener un procesamiento de datos en tiempo real sobre el impacto de estos dos fenómenos ilegales, que se desarrollan en lugares donde auditores jamás podrían ejecutar un trabajo de campo”, explica María Fernanda Rangel, directora de la Diari.
Y agrega que para establecer el daño causado se integró por primera vez información de bases de datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Agencia Nacional Minera (ANM) y el Ideam.

Esa fusión contienen coordenadas, información sobre narcocultivos, títulos mineros, capas de bosques y áreas protegidas, que son golpeadas por organizaciones criminales nacionales y extranjeras, incluidos enlaces chinos, brasileños y venezolanos (ver nota abajo).

Y es que el botín no es despreciable. En términos de producción aurífera, cifras oficiales señalan que, en 2020, Colombia produjo 1,5 millones de onzas.

Si se tiene en cuenta que el precio de la onza ronda los 1.770 dólares, se habla de unos 9,3 billones de pesos (casi la mitad de lo que buscaba recaudar la polémica reforma tributaria).

El alza de los precios del oro y la mayor demanda (como refugio financiero en tiempos de pandemia), han jalonado la producción.

La minería empresarial incrementó su producción pasó de 335.000 onzas a 400.000 onzas; y la llamada minería artesanal, de 885.000 onzas a 1,2 millones el año pasado.

Grave amenaza

La primera gran conclusión del estudio, liderado por el contralor Felipe Córdoba, es que la explotación ilícita de oro de aluvión (EVOA) ya se convirtió en una grave amenaza para la biodiversidad del país.

Además, que buena parte de los títulos otorgados (van 1.894) no se están explotando, incluido el más grande, asignado a una universidad.

Por el contrario, los ilegales hacen presencia incluso en áreas de explotación habilitadas en selvas húmedas, 56 por ciento; y bosques de galería y en ripiarios (que siguen los cursos de ríos y caños), un 30 por ciento.

l resto está en cuerpos de agua, un 6 por ciento de actividad y 8 por ciento en ecosistemas secos, bosque andino e incluso en sabanas y afloramientos rocosos (ver mapa).

Para que usted tenga una idea del impacto ambiental de la extracción ilegal, la Diari estableció que el 60 por ciento de toda la minería de oro en aluvión es ilícita.

“No hay duda de que la minería ilegal es actualmente el mayor crimen ambiental, seguido por la deforestación. El uso de mercurio está afectando ríos y ecosistemas”, señala Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Y un oficial de inteligencia agrega que la banda de los ‘Caparros’ y el ‘clan del Golfo’ están financiando minas ilegales en varios municipios del bajo Cauca Antioqueño con complicidad de funcionarios locales.

Chinos y brasileños

Varios operativos contra la minería ilegal se ejecutan de manera coordinada con la Agencia Nacional de Minería (ANM), que suministra información oficial clave y experticia.

Hace 7 días, la policía retuvo a 19 personas de nacionalidad china en Norosí, sur de Bolívar, ligadas a labores de minería con una firma local. Migración Colombia, que adelanta la actuación administrativa, encontró que 7 tenían visas vencidas y otro ni siquiera cédula.

“En Chocó, Nariño y Antioquia hemos aprehendido a decenas de ciudadanos chinos y brasileños en labores de minería ilegal. Nosotros les destruimos a las mafias las dragas con las que extraen el oro ilícitamente y envenenan las corrientes hídricas, y ellos son expertos en armárselas en pocos días”, explica el general Alejandro Barrera, director de Carabineros de la Policía.

Y agrega que, en la mayoría de los casos, los ilegales solo utilizan el 10 por ciento del mercurio que vierten para obtener el oro.

“El resto es liberado en el medioambiente, convirtiéndose en metil mercurio, la forma más tóxica de este metal, que es absorbida por organismos vivos”, señala un experto en química forense del grupo de investigación de criminalística de la Sijín de Carabineros.

La Fiscalía también ha retenido a ciudadanos brasileños en el río Atrato, en Chocó, y El Bagre, Antioquia. Y la Policía los ha detectado en Caucasia, Zaragoza, Necoclí y Tarazá.

A la lista se unen ciudadanos venezolanos. Incluso, se ha denunciado su presencia en la zona esmeraldífera de Boyacá.
La Diari señala que, para el año 2019, el número de hectáreas de explotación de oro de aluvión equivalía a 98.027 y que 59.012 hectáreas eran asentamientos ilegales.

También se estableció que Chocó, Cauca y Antioquia son los departamentos más golpeados. Concentran el 75 por ciento de la explotación ilegal de oro en el país, cerca de 44.250 hectáreas, un área más grande que la de Medellín.

Narcomaridaje

Y, tal vez, lo más grave es que los zares de la minería ilegal de oro hacen parte de las mismas bandas criminales que manejan el narcotráfico en el país y que cuentan con ejércitos privados que ya controlan algunas zonas: Eln, ‘clan del Golfo’ y ‘Caparros’ y disidencias de Farc.

También figuran los ‘Rastrojos’ y entre desmovilizados de las Farc se habla de un gran robo de oro que involucra a uno de sus líderes y que iba a ser entregado como resarcimiento a las víctimas (ver nota abajo).

Otro ejercicio clave de la Diari fue cruzar los datos georreferenciados de las explotaciones ilegales de oro con la base de datos de cultivos de coca de la UNODC, y estableció que las dinámicas de ilegalidad con el oro coinciden en la mayoría de los territorios.

En el 43 por ciento de las zonas con explotación de oro en aluvión se identificaron grandes cultivos de coca. Las dos actividades están alrededor de 72 municipios.

“Para los departamentos de Cauca, Chocó y Antioquia, el total de cultivos de coca según UNODC, es de 28.086 hectáreas, lo que equivale al 18 por ciento del total nacional”, señala el estudio de la Diari, citando cifras de 2019.

Y EL TIEMPO estableció que en 15 municipios de esos tres departamentos las autoridades han encontrado ese maridaje criminal: Chigorodó, Valdivia, Yondó, en Antioquia; Bolívar, Buenos Aires, El Tambo, Guapi, López de Micay, Patía y Piamonte, en Cauca: y Acandí, Carmen del Darién, Medio San Juan, San José del Palmar y Unguía, en Chocó.

En el caso puntual del Cauca –donde hoy se vive una alteración del orden público que cobra la vida de dos personas cada 24 horas– se identificaron 1.844 hectáreas de explotación ilegal.

El geovisor de la Contraloría se detuvo en esa región y, para profundizar el estudio del Cauca, la Diari separó el análisis en tres subregiones: Litoral Pacífico, Cordillera y Valle.

En la primera región se encontró una presencia de minería ilegal y cultivos de coca con estrecha relación geoespacial en los municipios de la línea costera como Guapi, Timbiquí y López de Micay.

Guapi y Timbiquí hacen parte de una zona de minería restringida, en donde la extracción legal la hacen comunidades afrodescendientes. Pero la presencia de minería ilegal es extensa en la zona, junto con la actividad cocalera, señala el informe.

Ríos fluorescentes

Y en cuanto al daño ambiental, el estudio afirma que activos hídricos –como los ríos Guapi, Bubuey, Sajía, San Juan de Micay y Naya– terminan en el Pacífico con altos grados de envenenamiento por mercurio: “Así lo evidencia su atípico color, mucho más fluorescente o luminoso que denota la presencia del metal”.

El geovisor identificó, además, que en esta subregión del Cauca hay una baja explotación de los títulos mineros vigentes y legales.
De hecho, el título minero más extenso del país –en la zona de López de Micay, con un área de 2.058 km²– es extremadamente baja.

A su alrededor hay 900 hectáreas de narcocultivos.

Y en el Chocó hay títulos sin explotar en medio de una actividad ilegal desbordada. Allí hay polígonos de títulos mineros que denotan una casi nula actividad de explotación de oro, con una estrecha proximidad a extracciones de ilegales.

Antioquia: SOS

En Antioquia, como lo advierte el general Barrera, hay títulos legales que confluyen con la extracción ilegal. La Diari identificó 15.628 hectáreas de minería ilegal (el 39 por ciento del total del departamento) y 24.573 de legal, combinados con un estimado de 9.482 narcohectáreas.

Para la Diari, Antioquia constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y coca. Allí, gran parte de cuerpos de agua y tributarios que llegan al río Nechí con un alto grado de intoxicación por mercurio.
El reto es que el despliegue tecnológico de la Diari no solo sea usado para ejercer un control fiscal preventivo y concomitante.

Alistan sanciones más severas

Pequeños mineros de algunos sectores del país han manifestado su alerta por el proyecto de ley (059) que cursa en el Congreso, que busca fortalecer medidas para la erradicación de la explotación ilícita de minerales. Entre otros, prevé instrumentos que permiten judicializar a toda la cadena de extracción ilícita y agravantes cuando se desarrolla en zonas protegidas.

Además, serán castigados por financiación del terrorismo y tenencia, comercialización y uso de mercurio, que incrementan las penas 2 a 5 años. También se adopta, como medida especial, el cierre de bocaminas a cargo de la Fuerza Pública previa verificación de la autoridad minera.

¿Qué está haciendo el Gobierno?


Juan Miguel Durán, presidente de la Agencia nacional de Minería (ANM), precisó que si bien no les corresponde el control o seguimiento de la extracción ilícita, el principal aporte de la agencia es disponer de la información, analizarla y procesarla para las acciones de lucha contra ese flagelo.

Se articula en un trabajo conjunto con la Policía, el Ejército y la Fiscalía, suministrando información y dando acompañamiento con experticia y conocimiento en el tema minero. Además, las plataformas como el Rucom, y Génesis, así como la información del estado de los contratos mineros e imágenes satelitales, son herramientas que aportan información adicional clave. Y, junto con el Ministerio de Minas, se avanza en la implementación de un sistema de trazabilidad y control en el registro de operaciones de compra y venta de oro.

La idea es incluir a comercializadores y mineros de subsistencia que cumplan normativas y hagan parte de la cadena de explotación y comercialización del oro.

Ya se han identificado más de 34.000 mineros que le apuestan a la formalización desde que arrancó este Gobierno.

De esos, 15.003 tienen trámites en curso; y otros 15.000 han sido identificados con vocación de formalización". La Dirección de Carabineros de la Policía participa en la Operación ‘Aquiles’, que si bien va tras cabecillas de los grupos armados organizados (GAO) también persigue a los cabecillas dedicados a la minería ilegal que están devorando selvas y ríos de Colombia.

José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito. Este puede ser hoy el criminal más rico del ‘clan del Golfo’, incluido por encima de su cabecilla, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

Tiene tan solo 47 años y es el cabecilla de la estructura Roberto Vargas, de esa banda criminal. Si bien ocupa la quinta casilla en la estructura delincuencial, es el que dinamiza la minería ilegal en el bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba.

Su estructura sicarial y los nexos con alias Jota Firma (hijo de un viejo oficial que terminó al servicio del narcotráfico) han convertido a ‘Gonzalito’ en uno de los zares de la minería ilegal en el país.

Soborna a funcionarios locales para explotar minas y ha desencadenado desplazamientos y emergencias humanitarias en Ituango (Antioquia).

Juan Carlos Gómez Ortiz, alias Chirimoya, uno de sus lugartenientes, tiene influencias en explotaciones de oro en Ayapel (Córdoba); y Wilmar Antonio Giraldo, alias Siopa, coordina las rentas ilícitas de la minería en el Chocó.

Pero estos tres criminales comparten el jugoso botín de la minería ilegal con Robinson Gil Tapias, alias Flechas, cabecilla principal de ‘los Caparros’.

Su feudo criminal está ubicado en la zona de Cáceres y Tarazá (Antioquia).

El Eln, además de narcotráfico, secuestro y extorsión, tiene en su ‘portafolio criminal’, la extracción ilegal del metal a través de Ogli Ángel Padilla Romero, alias Fabián; y Rosemberg o ‘Sandino’.

Este último es el, comandante del frente de Guerra Occidental del Eln, que opera en Chocó.

El triángulo de Telembí

Estos sujetos se han convertido en blancos prioritarios de oficiales de inteligencia de la Policía, al mando de general Jorge Luis Vargas, que saben que capturarlos golpea tanto las estructuras de extracción ilícita como de narcotráfico, extorsión y otros delitos.

Hace tan solo una semana, en el corregimiento Jardín de Tamaná (Cacéres–Antioquia) se les incautaron 35,2 kilogramos de mercurio, avaluado en cien millones de pesos, destinado para las actividades de minería ilícita.

Y el 14 de marzo, en Puerto Libertador (Córdoba), se logró la destrucción de 11 motores y plantas de beneficio en la vereda La Mina El Alacrán, en las que se evidenciaba la tecnificación de actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Operaciones conjuntas de la Dirección de Carabineros de la Policía y de la Fiscalía, desplegadas en los últimos 4 años, han permitido la captura de más de 82 personas vinculadas a labores de minería ilegal en los departamentos de Chocó, Antioquia y Nariño, entre otros departamentos afectados por la minería.

En noviembre pasado, una de esas operaciones permitió la captura de los llamados zares de esta actividad clandestina en el denominado Triángulo de Telembí, en Nariño.

Entre los 9 detenidos están los señalados cabecillas de la organización: Dairo Arias Piedrahíta, alias Dairo; Rubén Duque Rivera, ‘Balín’, y su hermano Geobanny, conocido como ‘Care Palo’.

Además, el cabo primero de la Infantería de Marina Mario Luis Hernández y el patrullero José Julián Jiménez Villegas, señalados de entregar información privilegiada sobre los operativos contra los enclaves mineros.

Regiones humanitarias

Además de lavado de activos, estas personas están siendo procesados por enriquecimiento ilícito, daño a los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, concierto para delinquir agravado, cohecho impropio, y cohecho por dar y ofrecer.

Más de 500 minas intervenidas y la destrucción de más de 150 enclaves y maquinaria (dragas) para la extracción del oro le han permitido tanto a la Policía como a la Fiscalía determinar que los responsables de este delito son los grupos irregulares que desde hace varios años hacen presencia en la zona.

Otro de los elementos que ha centrado la atención de las autoridades tiene que ver con la aparición de ciudadanos extranjeros en los municipios de Río Quito, el Cantón de San Pablo, Lloró, Tadó, Quibdó, Atrato, Condoto, Nóvita e Istmina, en Chocó.

Ahora se indaga la creación de regiones humanitarias, en zonas mineras, que buscarían frenar operaciones de autoridades y que no tienen acreditación ni cumplen normas de bioseguridad.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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