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Opinión - Minería para la vida, la energía y el futuro

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La transición energética no se puede mirar como un fenómeno aislado de la seguridad económica.

Parte del debate público de hoy en Colombia y el mundo gira en torno a cuatro políticas públicas que deben implementarse en los próximos años: el cambio climático, la seguridad alimentaria, energética y económica. Que logremos superar estos retos, exige que también se hable con claridad de otra política pública sin la cual las dos primeras no pueden llevarse a cabo: la política de impulso a la minería.

El Banco Mundial estima que para minerales como el litio, el cobalto o el grafito la demanda se incrementará en más del 300 por ciento para el 2050; mientras que para el cobre, se estima que en menos de 15 años la brecha entre la demanda y la oferta superará los 5 millones de toneladas anuales, equivalente a 5 veces la producción de la mina más grande del mundo. Sin esos minerales, no es posible más movilidad eléctrica, más generación eólica o solar.

Las energías renovables demandan muchos minerales y Colombia tiene el potencial para producir algunos de ellos. Si no trabajamos desde ya en generar las condiciones adecuadas para fomentar su producción y abastecimiento de manera sostenible, la brecha entre oferta y demanda hará inviable la masificación de la capacidad de generación de nuevas fuentes de energía.

Adicional a lo anterior, la crisis energética del segundo semestre de 2021 puso en evidencia que la confiabilidad de las fuentes que dependen exclusivamente de la naturaleza puede desequilibrar de manera profunda los sistemas energéticos si no se tienen los respaldos necesarios. La guerra de Rusia con Ucrania hizo evidente que la seguridad energética pasa más que nunca por la diversificación.

Una matriz energética sostenible –eficiente, estable, económica y carbono neutral– requerirá de la participación de todas las formas de generación: térmica, renovable, nuclear, hídrica, entre otros, con la combinación necesaria de tecnologías que permitan una generación diversa y competitiva para alcanzar los principales desafíos de la transición, la seguridad energética y la reducción de emisiones.

Ahora, la transición energética no se puede mirar como un fenómeno aislado de la seguridad económica. El bienestar de las familias que dependen de la actividad extractiva no puede ser un renglón menor al de la transformación energética global. Mientras el compromiso de los generadores de energía con base en carbón es el de implementar tecnologías para la captura de carbono, el compromiso de nuestro país, rico en minerales y con reservas de carbón para más de 70 años, es aprovechar esta riqueza para darles bienestar a las familias en los territorios. Recordemos que el sector minero aportó más de 5 billones de pesos en impuestos y regalías en 2021, para 2022 se estima que esa cifra ascienda a los 9 billones de pesos, sumado a los 150.000 empleos directos y 750.000 indirectos, formales y de calidad que hoy ofrece esta industria en los municipios más alejados.

Por otra parte, una política de seguridad alimentaria solo es posible si se incrementa la producción de fosfatos, magnesio, azufre, calcio, zinc, potasio, entre otros, minerales, sin los cuales no se pueden producir los fertilizantes que Colombia y el mundo necesitan para la producción de maíz, trigo, soya, y que a su vez aseguran el abastecimiento a precios razonables del pollo, la carne y los huevos en el mercado local y nacional.

Para Colombia, la transición energética y la seguridad alimentaria constituyen un gran reto, pero también una gran oportunidad para suministrar a nivel global la producción sostenible de los minerales necesarios y, de esta manera, transformar la riqueza de nuestro subsuelo en empleo y desarrollo para los territorios, reduciendo los índices de pobreza, como sucede actualmente en los municipios donde se realiza la minería empresarial.

JUAN CAMILO NARIÑO
Presidente de la Asociación Colombiana de Minería


Fuente: Eltiempo.com

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